Madrid — La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro inesperado hacia el terreno de la seguridad nacional y la alta diplomacia. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga si la trama criminal presuntamente vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo la capacidad de influir en decisiones estratégicas del Estado, tales como la liberación de presos políticos en Venezuela o la movilización de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) para gestionar la salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en septiembre de 2024.
Esta línea de investigación consta en los autos del magistrado desde que asumió la competencia de la causa a inicios de marzo, tras inhibirse el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Previamente, dicho juzgado ya había ordenado la detención del expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como el presunto «testaferro» de Zapatero.
El hallazgo clave: Las anotaciones en una agenda corporativa
El origen de esta ramificación se encuentra en los registros policiales efectuados a la red. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incautaron una libreta negra con la serigrafía oficial de ‘Plus Ultra, Líneas Aéreas’ repleta de notas manuscritas.
Según el criterio del juez Calama, el contenido de este cuaderno desborda los negocios estrictamente privados y:
«Revela una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público».
Entre los apuntes más comprometedores se encuentran referencias explícitas a la excarcelación de personas en el país caribeño y a directrices operativas que coinciden en el tiempo con la misión de evacuación del opositor venezolano hacia territorio español.
La operación de evacuación de 2024 bajo sospecha
Edmundo González llegó a España el 8 de septiembre de 2024 a bordo de un avión oficial de las Fuerzas Aéreas españolas. El traslado se produjo tras permanecer refugiado varios días en la residencia del embajador de España en Caracas, después de las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio.
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En su momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores defendió que se trató de una operación estrictamente diplomática y humanitaria a solicitud del propio González, a quien el Gobierno venezolano otorgó un salvoconducto para volar a Madrid, donde reside bajo asilo político.
Sin embargo, las agendas incautadas abren una nueva hipótesis judicial: que la cúpula de Plus Ultra y los comisionistas de la órbita de Zapatero utilizaron sus canales paralelos con el régimen de Nicolás Maduro para coordinar el operativo y activar la intervención de los servicios secretos del CNI en suelo venezolano.
