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La defensa del expresidente del Gobierno critica con dureza el informe de la UDEF que expone al detalle su vida privada y reclama que su actividad diaria no puede quedar sometida al «criterio y conveniencia» policial sin justificación.
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MADRID.– El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elevado el tono contra la instrucción del caso Plus Ultra. A través de un escrito presentado por su abogado, Víctor Moreno Catena, la defensa ha afeado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el «desliz» que ha permitido que su agenda personal y numerosos mensajes privados con su secretaria terminaran filtrados a los medios de comunicación.
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Este reproche llega apenas un día después de que el propio magistrado ordenara deducir testimonio para que se investigue penalmente el origen de estas filtraciones, admitiendo la gravedad de que se difundiera de forma indiscriminada el contenido íntegro de los anexos de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Sin embargo, para la defensa de Zapatero, el origen del problema radica en el propio control de la documentación dentro del juzgado.
«Sometido al escrutinio policial»
En el escrito, el letrado Moreno Catena subraya de forma tajante el impacto que esta situación tiene sobre la intimidad del expresidente:
«La vida del señor Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada».
La defensa argumenta que los análisis policiales han rebasado los límites de lo que exige la investigación de la causa —en la que se indaga un presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y presuntos delitos fiscales—. Al incluir de manera masiva citas, reuniones y conversaciones de carácter estrictamente privado y ajenas al caso, se ha vulnerado, según exponen, el derecho a la intimidad y a un proceso con todas las garantías.
Ofensiva para tumbar la causa
Este nuevo frente se suma a la petición formal de «nulidad general» que la defensa de Zapatero registró en la Audiencia Nacional. En dicha solicitud, reclaman que se expulsen del procedimiento «todas las evidencias obtenidas» durante los registros, argumentando que la causa arrastra irregularidades desde su origen: cuestionan las competencias de los juzgados que iniciaron las pesquisas y sostienen que se han utilizado chats privados cuya intervención no estaba debidamente justificada por la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras el juez Calama intenta blindar el proceso limitando el acceso a los archivos multimedia a través de una pieza separada de «información sensible», el entorno de Zapatero mantiene su estrategia de desacreditar la instrucción, insistiendo en que el expresidente no ejerció ningún tipo de influencia en el rescate de la aerolínea y que toda su actividad de consultoría es completamente lícita.
