La decisión de separar a los migrantes marroquíes de los subsaharianos se produce tras una escalada de violencia en la playa del Trampolín, caracterizada por apuñalamientos, robos y batallas campales.
MADRID.— La reorganización de la atención asistencial en Ceuta tras la reciente crisis migratoria ha encendido las alarmas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mandos policiales han alertado de que las instalaciones de reagrupación habilitadas para absorber a las personas desalojadas de la playa del Trampolín presentan un elevado riesgo de convertirse en un «polvorín», previéndose un escenario de conflictividad continua que exigirá una presencia policial constante.
El detonante para la intervención y el posterior desmantelamiento del asentamiento informal de la costa fue el deterioro de la convivencia entre colectivos de distintas nacionalidades, saldado con episodios violentos, apuñalamientos, menudeo de drogas y una batalla campal multitudinaria motivada por el robo de un teléfono móvil. Ante la gravedad de los hechos, las jefaturas del operativo desplegaron un dispositivo de desalojo coordinado entre la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil.
Separación por colectivos y riesgo de actuación de mafias
Para intentar minorar la tensión interna y garantizar la seguridad física de los acogidos, los mandos policiales determinaron la separación de los colectivos enfrentados durante el traslado a los centros autorizados.
Te interesa
| Ubicación / Factor clave | Estado del dispositivo y riesgos detectados |
| Distribución geográfica | Los migrantes magrebíes han sido reubicados en Loma Margarita, mientras que el colectivo subsahariano ha sido trasladado a instalaciones de Loma Colmenar, junto a la frontera del Tarajal. |
| Capacidad de las infraestructuras | Los espacios habilitados cuentan con 1.800 plazas, un volumen insuficiente frente a las estimaciones policiales, que sitúan en más de 5.000 las personas que continúan repartidas por la ciudad. |
| Presión del crimen organizado | Se ha detectado un repunte en la actividad de las mafias de trata de personas, que cobran hasta 10.000 euros por pasaje a la Península, reutilizando embarcaciones dedicadas habitualmente al narcotráfico. |
Colapso administrativo y acción de las redes de tráfico humano
En paralelo a las tareas de contención ciudadana, la Brigada Central de Extranjería y Fronteras trabaja contra reloj mediante efectivos de refuerzo enviados desde la Península para acelerar la filiación, toma de datos y resolución de expedientes. Las autoridades confían en que la presión logística origine un efecto desgaste que desincentive la permanencia en la ciudad autónoma; no obstante, los mandos sobre el terreno advierten de que la demora en los traslados favorece el negocio delictivo de las redes de «pateras-taxi».
Dichas organizaciones criminales han incrementado sus fletes marítimos hacia las costas andaluzas debido a los reducidos costes operativos en comparación con el tráfico de sustancias. Unidades especializadas de la Policía Nacional (UCRIF) y de la Guardia Civil mantienen investigaciones abiertas e intervenciones sobre el terreno para interceptar a las embarcaciones de pasaje ilegal que operan en el área del Estrecho de Gibraltar.
