La creación de nuevos campamentos levantados por el Ejército para albergar inmigrantes añade un motivo de profunda inquietud a la ya delicada situación de Ceuta. Los mandos policiales no han dudado en calificar estos asentamientos de «polvorín», una alerta que el Gobierno central no debería ignorar bajo ninguna circunstancia, especialmente tras los últimos episodios registrados en la playa del Trampolín.
La presión a la que se está sometiendo a la ciudad autónoma y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha alcanzado límites insostenibles. En este contexto, resulta difícilmente justificable que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya desatendido el requerimiento del Senado para ofrecer explicaciones sobre el asalto y la gestión de la crisis.
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Ceuta no puede quedar convertida en un gigantesco Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ni soportar de forma indefinida los efectos de una política caracterizada por la improvisación. La precariedad de las condiciones actuales se pone de manifiesto con la detección de brotes sanitarios como la sarna entre las unidades desplegadas. El Ministerio del Interior debe reaccionar de inmediato garantizando los recursos y las condiciones de seguridad necesarias, escuchando las advertencias de los mandos sobre el terreno antes de que los riesgos sigan multiplicándose.
