El Ministerio dirigido por Arcadi España alinea los calendarios normativos y técnicos para atender las demandas de pymes, autónomos y asesores fiscales, ampliando el margen de adaptación frente a los sobrecostes operativos.
MADRID / CEUTA — El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar nuevamente la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de emisión de facturas verificables diseñado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal. La cartera encabezada por el ministro Arcadi España ha fijado la nueva fecha de implantación para octubre de 2028, haciendo coincidir el despliegue de este reglamento con la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
La medida supone una revisión sustancial respecto a los plazos previstos hasta la fecha, que fijaban la obligación para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades en enero de 2027 y para el resto de contribuyentes en julio del mismo año. A través de una nota informativa emitida por el departamento fiscal, el Ejecutivo ha precisado que esta «alineación» responde a la necesidad de favorecer la convergencia normativa y técnica entre ambos sistemas, preparando asimismo el marco regulatorio para la futura adaptación a la directiva comunitaria sobre el IVA en la era digital (ViDA), fijada a nivel europeo para 2030.
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Respuesta a las demandas del tejido productivo y los asesores fiscales
La decisión del Ministerio da respuesta a las reiteradas peticiones de pymes, autónomos, gestores administrativos y asociaciones profesionales como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Desde el sector empresarial se venía alertando sobre la falta de preparación técnica de un elevado porcentaje de profesionales a pocos meses de los plazos iniciales, así como del impacto económico derivado de los costes de transición para sustituir sus programas informáticos de facturación.
El sistema Verifactu exige que todo software comercial genere de forma automatizada un registro inalterable por cada factura emitida para garantizar su trazabilidad, impidiendo su borrado o modificación posterior. Con este aplazamiento —que ha tenido un seguimiento específico en foros informativos de plazas autonómicas como Ceuta—, las empresas y profesionales que no tributen mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) ni pertenezcan a los regímenes forales vasco y navarro dispondrán de un margen temporal superior a dos años para adaptar sus herramientas tecnológicas sin incurrir en duplicidades operativas.
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