La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cambiado su criterio y considera que los tribunales españoles pueden investigar la querella presentada contra Julio Iglesias por dos antiguas trabajadoras, por presuntos hechos ocurridos en 2021 en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana.
Corresponde ahora al juez decidir si abre una investigación. María Barbancho, CEO de Barbancho Legal y experta en derecho penal internacional, está disponible para analizar las cuestiones jurídicas que pueden resultar determinantes para el desarrollo del procedimiento.
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Más allá del debate sobre la jurisdicción española, el caso plantea dos desafíos fundamentales: acreditar que los hechos denunciados también serían constitutivos de delito conforme a la legislación de los países donde presuntamente ocurrieron y obtener, con las debidas garantías, las pruebas que puedan encontrarse en esos territorios.
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La exigencia de doble incriminación obliga a examinar la legislación aplicable en Bahamas y República Dominicana, atendiendo a los hechos concretos denunciados y a los requisitos de los tipos penales correspondientes. No basta con que las conductas encajen en un delito conforme al Código Penal español.
A ello se suma la dificultad de recabar declaraciones, documentación laboral, registros y otros posibles elementos probatorios en dos jurisdicciones extranjeras. Su obtención puede requerir mecanismos de cooperación con las autoridades locales, y su incorporación al procedimiento español deberá respetar las garantías procesales y permitir el correspondiente control de su validez.
