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ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). — Jesús, un profesor con destino en Vera (Almería), ha denunciado la situación de inquiocupación que padece desde hace más de cuatro años en un inmueble de su propiedad ubicado en el municipio de Roquetas de Mar. La vivienda, alquilada inicialmente en 2017 a una mujer por 350 euros mensuales para hacer frente a sus propios gastos, ha devenido en un foco de impagos que roza ya los 20.000 euros en rentas acumuladas y supera los 1.000 euros en facturas de suministros.
A pesar de que el contrato fue suscrito con una única persona, en el inmueble residen actualmente seis miembros de la misma familia, y los propios vecinos del edificio han alertado de que la propiedad estaría siendo utilizada para el subarriendo ilegal de habitaciones a terceros.
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Compras al contado, negocios y tren de vida en redes sociales
La gravedad del caso se acentúa por la solvencia económica de la que presumen los propios infractores. La arrendataria original ha afirmado públicamente ser propietaria de un centro de estética y haber adquirido recientemente un segundo inmueble al contado en la provincia de Almería, ostentando además la familia otros comercios locales como carnicerías. En conversaciones y en sus perfiles de redes sociales, muestra un elevado nivel de vida mediante compras de lujo y viajes, jactándose de la impunidad legal ante los intentos de cobro o desalojo.
Frente a esta situación, la posición del dueño es de extrema precariedad financiera y de salud. Para evitar el corte de los suministros de agua y luz, cuyo pago sigue recayendo sobre él, el docente ha tenido que recurrir a préstamos familiares para cubrir los costes de los actuales residentes mientras restringe el gasto en su propio hogar.
Amenazas y temor a la paralización del desahucio
Tras fracasar los intentos directos de acuerdo —entre ellos una oferta de venta frustrada por parte del propietario—, los residentes se atrincheraron en el piso y elevaron el grado de conflictividad. El profesor ha puesto el caso en manos de la justicia tras recibir reiteradas amenazas de agresión física, si bien la investigación choca con las advertencias de la defensa de la inquiokupa, que amenaza con alegar una declaración formal de vulnerabilidad social para dilatar las actuaciones judiciales.
El procedimiento legal continúa admitido a trámite en los juzgados, mientras el afectado denuncia graves secuelas médicas vinculadas a los cuadros de estrés, insomnio y la impotencia económica provocada por la ocupación de la vivienda.
