Desde las organizaciones sindicales piden la recuperación del poder adquisitivo a través de la mejora de las condiciones laborales; la ejecución de políticas de empleo adecuadas; la eliminación de las discriminaciones entre los empleados públicos; la adecuación de las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de insularidad a la realidad actual, entre otras cuestiones
CSIF y JUSAPOL han llevado a cabo una concentración conjunta esta mañana en la Delegación del Gobierno para exigir la dignificación de la labor de las y los empleados públicos, así como la defensa de la negociación colectiva. Desde ambas centrales sindicales aseguran que la protección de los derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, la dignificación de la labor que llevan a cabo y la defensa de los servicios públicos para posibilitar una prestación de calidad a los ciudadanos con el fin de garantizar el bienestar social, «siempre han sido prioritarios». Por ello, se han concentrado para denunciar las deficiencias existentes en el sistema, así como las políticas de recortes aplicadas, que «han desembocado en una disminución significativa de los recursos humanos destinados a la prestación de los servicios más esenciales».
Asimismo, ambas organizaciones sindicales afean cómo se han obligado a los y las trabajadoras a doblar turnos, realizar jornadas «interminables» y llevarse el trabajo a casa. Piden la protección de los más desfavorecidos: «No queremos ser tratados como héroes, sino con justicia». En contraposición, instan a la Administración General del Estado que se reconozca la labor realizada por el personal y que se haga «más atractivo» el empleo público. «Las empleadas y empleados públicos no pueden convertirse en chivo expiatorio de una crisis de la que ellos, no sólo no son responsables, sino que además han sido el motor fundamental para paliar sus consecuencias y posibilitar la recuperación», argumenta Estefanía Lara, delegada sindical de CSIF, añadiendo que «el deterioro de sus condiciones laborales y retributivas, lejos de solucionarse, no deja de agravarse«.
Entre sus reivindicaciones destacan la recuperación de su poder adquisitivo a través de la mejora de sus condiciones laborales; la ejecución de políticas de empleo adecuadas; la eliminación de las discriminaciones entre los empleados públicos; la adecuación de las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de insularidad a la realidad actual; una prestación sanitaria adecuada a los mutualistas y beneficiarios; posibilitar el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad; la eliminación de las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y la incentivación de la prolongación de la
vida laboral; que se garanticen el derecho a la movilidad, a la carrera administrativa y a la promoción interna asequible; así como el manteniendo el régimen de Clases Pasivas y la corrección de la desigualdad en la cuantía de las pensiones.
