En un escenario ideal, un Ayuntamiento debería gestionar los recursos públicos con transparencia, eficacia y, sobre todo, con una planificación que evite despilfarros innecesarios. Sin embargo, la realidad en Ceuta parece ser otra. El actual Gobierno municipal ha decidido destinar cerca de 4 millones de euros del presupuesto público a acuerdos judiciales y extrajudiciales, una cifra que, en cualquier otro contexto, levantaría ampollas y provocaría protestas enérgicas. Pero aquí, en lugar de exigir explicaciones, parece que el silencio y la conformidad se han convertido en la norma.
El sentido común dicta que si las cosas se hicieran bien desde el principio, no sería necesario recurrir a estas salidas tan costosas. Las instituciones públicas deben, por definición, actuar conforme a la ley y con la certeza de que cualquier decisión tomada resistiría el escrutinio judicial sin inconvenientes. Pero cuando el Gobierno del Ayuntamiento de Ceuta prefiere gastar millones en acuerdos extrajudiciales, surge una pregunta incómoda: ¿Por qué esta necesidad de evitar que un juez tome una decisión?
¿Será que las actuaciones del Ayuntamiento no son tan transparentes como deberían? La elección de acordar extrajudicialmente cuando se reclama, por ejemplo, una suma exorbitante de 7 millones, llegando a un acuerdo por 5 millones con la excusa de «ahorrar» dinero al municipio, es una táctica que, en realidad, resulta sospechosa. Este tipo de prácticas no solo huelen a chapuza administrativa, sino que sugieren la existencia de intereses ocultos que benefician a unos pocos a costa del dinero de todos.
La idea de que un juez decida si las cosas están bien hechas debería ser la opción preferente en una gestión pública que confía en la legalidad y en la corrección de sus actos. Y lo cierto es que, en la mayoría de los casos, la Justicia daría la razón al Ayuntamiento si este hubiera actuado de forma correcta. Pero en Ceuta, se prefiere tirar por el camino del medio, pagando sumas multimillonarias sin que nadie ponga en duda la idoneidad de estas decisiones.
Resulta inquietante pensar en quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta situación. ¿Quién saca partido de que el Ayuntamiento opte por pactar en lugar de defender sus acciones ante un tribunal? La respuesta a esta pregunta parece perdida en el limbo de los despachos municipales, donde las decisiones se toman entre puertas cerradas y sin que los ciudadanos tengan acceso a las verdaderas motivaciones detrás de estas maniobras financieras.
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La justificación de que estos acuerdos extrajudiciales «ahorran dinero» es, en el mejor de los casos, una excusa barata para encubrir la falta de competencia de quienes están al mando. En lugar de evitar el coste de un juicio que, si las cosas se han hecho bien, debería resultar favorable al Ayuntamiento, se opta por el pago directo de cifras astronómicas. Esto no solo denota una gestión ineficaz, sino que también sugiere la existencia de una calculada dejadez que favorece a ciertas partes interesadas.
Este escenario refleja un problema mayor: la falta de rendición de cuentas. Si los responsables de estas decisiones supieran que sus actos serían examinados con lupa por un tribunal, probablemente actuarían de forma más responsable. Sin embargo, el uso reiterado de acuerdos extrajudiciales como solución fácil y rápida sugiere que en el Ayuntamiento de Ceuta se confía más en el poder del dinero público que en la justicia y la legalidad.
Al final, los ciudadanos de Ceuta son los que acaban pagando el precio de esta incompetencia disfrazada de pragmatismo. Los 4 millones de euros destinados a estos acuerdos podrían haber sido invertidos en mejorar la ciudad, en proporcionar mejores servicios o en cualquier otro fin que realmente beneficie a la comunidad. Pero, en lugar de eso, se utilizan para tapar las vergüenzas de una gestión que deja mucho que desear. ¿Hasta cuándo se permitirá que esta situación continúe sin que nadie exija responsabilidades? Es hora de que los ceutíes abran los ojos y pidan explicaciones. Porque lo que está en juego no es solo dinero, sino la confianza en quienes deberían estar al servicio del interés público.
