El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación para analizar las declaraciones de un juez que aludió a la ministra de Igualdad, Irene Montero, como “cajera” en sus críticas hacia la ley del ‘sólo sí es sí’. El órgano de gobierno de los jueces determinará si los comentarios pueden ser constitutivos de una falta disciplinaria.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido iniciar una diligencia informativa contra un juez que, en un foro público, se refirió despectivamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, calificándola como “cajera” en el contexto de sus críticas a la ley del ‘sólo sí es sí’. Las palabras del magistrado han generado un amplio debate en los círculos políticos y judiciales, y han sido calificadas de inapropiadas por varios colectivos.
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El juez en cuestión habría realizado estos comentarios durante una intervención en la que expresaba su desacuerdo con la aplicación y los efectos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del ‘sólo sí es sí’. En sus declaraciones, además de criticar la normativa por permitir la rebaja de penas a algunos condenados por delitos sexuales, hizo alusiones personales que han sido consideradas como un ataque ad hominem hacia Montero.
El CGPJ, tras recibir varias quejas formales, incluidas las de asociaciones de mujeres juristas y otros colectivos, ha decidido examinar si las expresiones del juez vulneran el código deontológico de la carrera judicial o si pueden ser constitutivas de una falta disciplinaria por falta de respeto hacia una representante pública.
Por su parte, Irene Montero ha reaccionado a la polémica asegurando que «los ataques personales no frenarán la lucha por la igualdad ni el avance en los derechos de las mujeres». Además, ha recibido el apoyo de miembros del Gobierno y de diversos sectores que han condenado lo que consideran una actitud machista y desacreditadora.
La diligencia informativa abierta por el CGPJ no implica por el momento la adopción de medidas disciplinarias, pero sí busca recabar información para determinar si es necesario avanzar en un procedimiento sancionador. El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto institucional dentro del ámbito judicial.
Se espera que el CGPJ se pronuncie en las próximas semanas sobre los resultados de esta investigación preliminar y, en su caso, sobre las posibles consecuencias para el magistrado implicado.
