El Defensor del Pueblo ha anunciado la apertura de una investigación de oficio para analizar la actuación del Gobierno de España y evaluar las medidas adoptadas —así como las pendientes de ejecución— ante la grave crisis migratoria que atraviesa Ceuta. La decisión de la institución liderada por Ángel Gabilondo se produce dos semanas después del salto masivo a la valla fronteriza.
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El organismo ha comenzado a requerir información formal tanto a la Secretaría de Estado de Migraciones como a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, haciéndose eco de las denuncias sobre la situación de «gran precariedad» e insalubridad que sufren los migrantes que permanecen en la zona por falta de capacidad en los recursos de acogida.
Foco prioritario: menores y solicitudes de asilo
La institución ha manifestado una preocupación prioritaria por la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Muchos de ellos continúan pendientes de identificación o vagan escondidos por distintas zonas de la ciudad autónoma; un escenario en el que el Defensor del Pueblo remarca el especial riesgo que afrontan las niñas que aún no han ingresado en el sistema público de protección.
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Requerimientos del Defensor del Pueblo:
├── Secretaría de Estado de Migraciones
│ ├── Situación humanitaria de las personas a la intemperie.
│ └── Estado e identificación de los menores no acompañados.
└── Delegación del Gobierno en Ceuta
├── Número de personas con necesidad de protección internacional.
├── Solicitudes de asilo tramitadas desde el 30 de julio.
└── Aplicación del triaje previsto por la legislación europea.
Por otro lado, el Defensor ha instado a la Delegación del Gobierno a detallar las cifras de quienes han solicitado asilo tras los acontecimientos del pasado 30 de julio, así como el número de ciudadanos de terceros países a los que se les ha aplicado el sistema de triaje contemplado en la normativa europea.
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Ángel Gabilondo ha querido reiterar su respaldo a la ciudadanía de Ceuta, que atraviesa «días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis». Desde la institución insisten en que la resolución de la emergencia no puede limitarse a la gestión pasiva de la estancia de estas personas, subrayando que «es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a contemplar su deambular».
