La Fiscalía Anticorrupción ha abierto la puerta a la eventual imputación del PSOE como persona jurídica dentro de la causa que investiga el entramado de las denominadas «cloacas» del partido. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público sostiene que desde la sede central de Ferraz se articuló y financió una «estructura paralela» cuyo objetivo era proteger a altos cargos socialistas y «desestabilizar» procedimientos judiciales en curso.
Según el relato de las fiscales, la formación política mantuvo «a sueldo» a la exmilitante Leire Díez, quien habría actuado como coordinadora de estas maniobras reportando directamente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente imputado en la causa.
Pagos opacos y despachos de abogados
Para respaldar la tesis de que Díez cobraba del partido por estos encargos, la Fiscalía se remite a las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los informes policiales contabilizan al menos 43.000 euros en pagos opacos canalizados desde el entrono del PSOE hacia la exmilitante.
La investigación detalla que estas transferencias se habrían realizado a través de personas interpuestas y sociedades instrumentalizadas, entre ellas despachos de abogados como el del letrado Jacobo Teijelo, quien también habría percibido importantes sumas de dinero.
Mecanismo investigado:
[Cúpula de Ferraz / Santos Cerdán]
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▼ (Fondos a través de intermediarios y despachos)
[Leire Díez / Red de colaboradores]
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[Maniobras para neutralizar causas judiciales y desestabilizar procesos]
Ramificaciones en la contratación pública y la SEPI
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no solo investiga el uso de esta red para interferir en causas judiciales. La causa abarca también una supuesta trama de amaño de contratos públicos vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En este bloque del sumario, Anticorrupción concluye de forma idéntica que «aparece indiciariamente perfilada la responsabilidad de miembros o cargos nombrados bajo la gobernanza del PSOE». Entre los señalados figura el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, nombrado en su día durante la etapa de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.
Avance de las diligencias
La postura de la Fiscalía se ha dado a conocer en el marco del rechazo a la personación del fiscal Ignacio Stampa como perjudicado, al acotar el expediente a la red de influencia y contratación irregular desplegada desde la formación de Gobierno.
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El instructor Pedraz continúa acumulando indicios en una causa que estrecha el cerco sobre la responsabilidad jurídica del PSOE y que incorporará, además, el material recabado previamente por el juzgado de instrucción de Madrid que investigó a Leire Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset.
