El Consejo de Ministros da luz verde a la norma que elimina las barreras administrativas de la reforma de 2012 y permite el acceso al sistema público mediante una «declaración responsable», una medida que el PP tilda de «turismo sanitario».
El Gobierno de España ha aprobado este martes el Real Decreto destinado a blindar la denominada «universalidad» del Sistema Nacional de Salud (SNS). La normativa, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, y el Ministerio de Seguridad Social, tiene como objetivo principal garantizar el acceso gratuito a la atención sanitaria pública para todas las personas extranjeras que residen en territorio nacional sin contar con una residencia legal.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca derogar de facto las restricciones impuestas por el Real Decreto-ley 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a ser una de las medidas estrella de su departamento, la ministra García no estuvo presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, limitando su valoración a un mensaje de entusiasmo en sus redes sociales.
Acceso inmediato y flexibilización de requisitos
La nueva regulación introduce cambios significativos en el procedimiento de acceso a las prestaciones sanitarias. A partir de ahora, el trámite se simplifica mediante la presentación de una «declaración responsable». En este documento, el solicitante manifiesta que no dispone de cobertura por otra vía ni de un tercero obligado al pago. Tras la solicitud, se expedirá un documento provisional que otorgará asistencia inmediata en todas las comunidades autónomas.
Una de las novedades más polémicas es la flexibilización de las pruebas de residencia. Si bien el certificado de empadronamiento se mantiene como documento preferente, se admitirán otros medios para acreditar la estancia en España, tales como:
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• Certificados de escolarización o matriculación en centros públicos.
• Informes de servicios sociales o registros de visitas.
• Facturas de suministros básicos (luz, gas, agua, telefonía o Internet).
Además, la norma establece que, si la Administración no responde a la solicitud en un plazo de tres meses, esta se considerará estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido, el derecho a la asistencia no tendrá caducidad, a diferencia del sistema anterior donde los documentos habilitantes expiraban a los dos años.
Críticas del Partido Popular: «El sanchismo invita y otros pagan»
La medida ha encontrado una firme oposición en el Partido Popular, que denuncia la falta de un análisis sobre el impacto económico en la sostenibilidad del sistema sanitario y el posible agravamiento de las listas de espera. Fuentes de la formación popular han señalado que el Gobierno «confunde deliberadamente» la asistencia necesaria con la conversión de la irregularidad en un derecho.
«El Gobierno de Sánchez pretende ampliar derechos mientras bloquea y tensiona un sistema sanitario que ya está al límite», afirman desde el PP, subrayando que son las comunidades autónomas las que asumen en solitario el peso de la gestión. Asimismo, advierten de que la eliminación del requisito de tres meses de residencia obligatoria abre la puerta a la legalización del turismo sanitario.
Cobertura para españoles en el extranjero
El real decreto también contempla una ampliación de derechos para los españoles de origen residentes en el extranjero. Hasta la fecha, el acceso a la sanidad pública durante sus estancias temporales en España estaba limitado a pensionistas o trabajadores. Con la nueva redacción, esta cobertura se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares directos, incluyendo cónyuges, parejas de hecho y descendientes a su cargo.
