El Partido Popular ha anunciado este lunes 9 de marzo un paquete de medidas de «urgente aplicación» para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo llevará al Congreso una propuesta que busca rebajar la presión fiscal mediante el IRPF y los impuestos indirectos sobre el consumo de energía, retando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que apruebe estas iniciativas de forma inmediata en el próximo Consejo de Ministros.
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Un plan de choque para el ahorro familiar
La propuesta de los populares se vertebra en tres ejes principales que, según sus propios cálculos, supondrían un alivio económico directo para los hogares. Para una familia media compuesta por dos adultos y dos hijos, el PP estima un ahorro de 75 euros mensuales, lo que equivale a casi 900 euros al año. Las medidas son:
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- Deducción por hijos: Duplicar la cuantía actual por hijo a cargo en el IRPF para compensar que los salarios reales no suben al mismo ritmo que la inflación.
- IVA de la energía: Reducir el tipo impositivo al 10% para todos los consumidores, sin excepciones.
- Impuesto de generación: Suprimir definitivamente el impuesto sobre la producción de energía eléctrica para abaratar la factura desde el origen.
Críticas a la política de «eslóganes» del Gobierno
Desde la dirección del PP sostienen que la situación económica de los españoles está empeorando drásticamente debido al encarecimiento de la energía y el aumento de la recaudación fiscal. Fuentes de la formación han criticado que el Gobierno se centre en campañas de comunicación en lugar de en soluciones tangibles.
«No es tiempo de eslóganes, sino de propuestas. Si esto va de lemas, el nuestro es: sí a los españoles», afirman desde el entorno de Feijóo, en una clara alusión irónica a las consignas utilizadas por el Ejecutivo en el contexto internacional actual.
El reto parlamentario
El PP buscará ahora el apoyo del resto de grupos en la Cámara Baja para sacar adelante este «plan de emergencia energética». Los populares insisten en que la revalorización de los ingresos de los ciudadanos no puede esperar y que el Estado debe renunciar a parte del «exceso de recaudación» provocado por la subida de precios para devolverlo directamente al bolsillo de los contribuyentes.
