El Partido Popular ha decidido distanciarse del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, para la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes. Mientras Clavijo, Juan Vivas y su vicepresidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, han apoyado la medida para aliviar la presión en el archipiélago, Alberto Núñez Feijóo y el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP han optado por una línea de confrontación con el Ejecutivo.
Desde Génova consideran que el pacto con Junts, que facilitó la modificación de la normativa migratoria, rompe con los principios de igualdad territorial y favorece a los socios independentistas del Gobierno. Según las proyecciones de los posconvergentes, Cataluña solo recibiría entre 20 y 30 de los 4.400 menores que esperan ser realojados desde Canarias y Ceuta, mientras que otras comunidades asumirían una carga mucho mayor.
Un giro en la estrategia del PP
En septiembre de 2024, Feijóo, Clavijo y Vivas firmaron un acuerdo que comprometía a las 12 comunidades autónomas del PP a un reparto ordenado de menores extranjeros no acompañados, con el objetivo de presionar al Gobierno para que reformara su política migratoria. Sin embargo, la negativa del Ejecutivo a asumir sus condiciones—que incluían un endurecimiento del control de fronteras y la asunción estatal de los costes de acogida cuando las comunidades superaran su capacidad—provocó que el PP se retirara de las negociaciones.
La falta de acuerdo llevó al Gobierno a cerrar un pacto con Junts, delegando competencias migratorias a la Generalitat y asegurando que Cataluña sea una de las regiones que menos menores reciba. Este desenlace ha sido calificado por Feijóo como un acuerdo “racista y xenófobo”, ya que, según el líder del PP, el reparto de migrantes se está haciendo “en función del color político de cada comunidad”.
Ofensiva legal del PP contra la reforma
El PP no solo se opondrá al acuerdo en el ámbito político, sino que ha decidido llevar la batalla a los tribunales. Génova coordinará una ofensiva jurídica con las comunidades autónomas gobernadas por los populares—con la única excepción de Ceuta, que ha respaldado la reforma—para tratar de frenar la aplicación de la norma antes de su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Las regiones del PP podrían solicitar medidas cautelares ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, alegando una posible vulneración de los derechos autonómicos por un reparto desigual. Si la norma sigue adelante, los populares no descartan recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
La primera en anunciar acciones judiciales ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido que llevará la reforma “a los tribunales y a Europa”. Otros barones del PP han manifestado su rechazo, asegurando que sus centros de acogida están “sobresaturados” y que no pueden garantizar una atención adecuada a más menores migrantes.
El dilema del cumplimiento de la ley
A pesar de la oposición, los gobiernos autonómicos del PP han dejado claro que no seguirán la estrategia de Vox, que exige una insumisión total al reparto. Aunque recurran la norma, los barones populares han admitido que, si la ley entra en vigor, tendrán que cumplirla.
El Gobierno, por su parte, ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional si alguna comunidad se niega a aplicar el reparto de menores. Mientras tanto, el Ministerio de Infancia avanza en la distribución final, utilizando criterios de población (50%), tasa de paro (15%), PIB (13%), capacidad estructural de acogida (10%) y esfuerzo previo (6%) para calcular el número de menores asignados a cada territorio.
El choque entre el Gobierno y el PP abre una nueva batalla política y jurídica que podría prolongarse en los próximos meses, mientras Canarias sigue desbordada por la llegada de migrantes y en busca de soluciones.
