España se ha opuesto a la nueva directiva de la Unión Europea que busca establecer normas mínimas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes. La principal preocupación de España es la falta de una cláusula humanitaria robusta que proteja a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que prestan asistencia a los migrantes.
Durante la reunión de ministros de Justicia de la UE, España fue el único país que votó en contra de la legislación propuesta. Sin embargo, Alemania y Portugal también expresaron la necesidad de aclarar que la ayuda humanitaria no debe ser penalizada bajo esta normativa.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, destacó que aunque el trabajo realizado es positivo, es crucial que la cláusula humanitaria se incluya en el articulado de la legislación. Según Bolaños, mantenerla solo en los considerandos podría enviar un mensaje político preocupante.
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Durante el debate, Alemania respaldó la posición de España, insistiendo en que el objetivo de la directiva no es criminalizar la ayuda humanitaria. Portugal también subrayó que siempre debe quedar claro que prestar auxilio por razones humanitarias no puede ser considerado un delito.
Hungría, que preside el Consejo de la UE este semestre, reconoció las preocupaciones expresadas y afirmó que estas deberán abordarse en futuras negociaciones, ya que el texto actual no es definitivo.
Contexto Legal
La propuesta busca actualizar el marco jurídico de la UE, vigente desde 2002, para armonizar la legislación penal de los Estados miembros en relación al tráfico ilícito de migrantes. La normativa establece que ayudar intencionadamente a un nacional de un tercer país a entrar, transitar o permanecer en la UE a cambio de un beneficio económico o material debe ser considerado un delito penal.
Las sanciones propuestas incluyen penas de prisión de hasta tres años, que podrían aumentar a ocho años si los traficantes operan como parte de una organización criminal o emplean violencia grave. En casos donde ocurra la muerte de un migrante, la pena máxima podría ser de al menos diez años. Además, las personas jurídicas podrían enfrentar multas de hasta 40 millones de euros.
España, junto con otros países, continuará abogando por una legislación que equilibre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes con la protección de la asistencia humanitaria, asegurando que las ONG puedan seguir desempeñando su papel vital sin temor a represalias legales.
