Los ayuntamientos podrán mejorar sus servicios públicos al destinar sus remanentes de tesorería a programas de cuidados, desarrollo sostenible, vivienda y cultura. La medida fortalecerá la autonomía local y contribuirá a la recuperación social y económica de los territorios
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las entidades locales. La norma recoge el acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, suscrito hoy en La Moncloa, que permitirá movilizar hasta 5.000 millones de euros para los ayuntamientos, lo que les permitirá aumentar sus ingresos y, con ello, su capacidad de gasto e inversión sin incurrir en déficit.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que ha hecho balance de su gestión, que este acuerdo impulsará la recuperación de los municipios.
Las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. El Estado les realizará un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35% de los fondos aportados, que incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar a partir de 2022.
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Por lo tanto, los ayuntamientos recibirán la devolución íntegra de sus remanentes y, además, contarán con una movilización adicional de 5.000 millones de euros repartida entre los años 2020 y 2021. El objetivo del Gobierno es agilizar al máximo la transferencia a los ayuntamientos de estos recursos para que afronten los efectos provocados por la COVID-19.
Los municipios tendrán hasta el 15 de septiembre de 2020 para trasladar su compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería. El Gobierno se compromete a abonar antes del próximo 15 de octubre 2.000 millones del fondo correspondientes a 2020.
Mediante esta fórmula, los ayuntamientos podrán destinar los recursos que les transferirá el Estado a aumentar los servicios para las personas mayores, dependientes o con discapacidad; reforzar el sistema de ayudas a domicilio y la teleasistencia; mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia de género, construir y mejorar escuelas infantiles de 0 a 3 años, incrementar la vivienda en alquiler a precios asequibles, fomentar la movilidad sostenible y aprobar políticas de promoción cultural.
Por otra parte, el acuerdo recoge que Hacienda no exigirá el cumplimiento de la regla de gasto para el ejercicio 2020 a las entidades locales. Además, contempla la creación de un fondo con 275 millones de euros, ampliables a 400, para que los municipios compensen el déficit de sus servicios de transporte derivado del estado de alarma.
