La asociación profesional destaca que el 6 de febrero del 2014 se registraron 15 muertes por ahogamiento de migrantes que intentaban llegar a la playa de Ceuta a nado desde el lado marroquí de la valla y donde muchos de los que alcanzaron suelo español fueron devueltos de inmediato a Marruecos. JUCIL precisa que los guardias civiles que en aquella triste jornada intervinieron en la playa cumplieron las órdenes recibidas y atendieron a las normas que exige el ordenamiento español para la entrada de migrantes y, sin embargo, pese a las promesas del actual ministro del Interior, siguen sin establecerse unos protocolos claros y sin ambigüedades sobre cómo deben actuar las fuerzas del orden ante invasiones masivas de la frontera
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil pretende recordar que, diez años después de que cientos de inmigrantes subsaharianos intentaran acceder a territorio español a nado tras superar la valla de separación de Marruecos para alcanzar la playa de Ceuta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo los guardias civiles, continúan sin tener un protocolo claro de cómo deberán actual en el caso de nuevos intentos masivos de tocar tierra española por parte de migrantes sin permiso. Aquella triste jornada, el 6 de febrero de 2014, terminó con la muerte de un total de 15 personas. “JUCIL pretende abordar la falta de protocolos claros y específicos de actuación para los guardias civiles en contextos migratorios masivos, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias y también de garantizar tanto la seguridad como los derechos de todos los involucrados en esta situación”, afirma el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
Una permanente incertidumbre
Los tristes hechos vividos en el Tarajal, donde los 16 guardias civiles de servicio aquella jornada se vieron completamente superados por los acontecimientos y en los que llegó a intervenir el Ejército, pusieron de manifiesto la muy complicada controversia a la que se enfrentan los guardias civiles cuando deben gestionar situaciones migratorias complejas y masivas, como fue aquel caso y que luego se ha repetido en varias ocasiones en los asaltos también masivos a las vallas fronterizas. “La falta de unos protocolos concretos y la incertidumbre jurídica sobre cómo se deben de abordar estas situaciones contribuye a un escenario problemático donde se observan soluciones inadecuadas, tanto para la atención y el cuidado personal de los migrantes como para la tranquilidad sobre su intervención de los propios agentes.
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No debemos olvidar que este caso, sobreseído en los tribunales en varias ocasiones, aún es motivo de controversia judicial. De manera que aún ahora, diez años después, el Tribunal Constitucional tiene aún pendiente de resolución una última palabra sobre posibles responsabilidades penales”, precisa el secretario general de JUCIL.
Ajustarse a la ley, ese es siempre el objetivo
JUCIL desea destacar la importancia, en ocasiones crítica, de que se desplieguen y elaboren unos protocolos de actuación claros y específicos, que establezcan sin ningún tipo de dudas cómo deben llevar a cabo su tarea los guardias civiles. “No tenemos la menor duda de que esos protocolos deben de ser el resultado de una cuidadosa consideración del respeto a los derechos humanos, la seguridad de los migrantes y los procedimientos adecuados para asegurar el orden en las fronteras”, afirma Vilariño. “Si de algo debe de servir los tristes acontecimientos del Tarajal, o los que se han registrado recientemente, es evitar que se reproduzcan en el futuro. Para ello, consideramos conveniente una formación adecuada, medios suficientes para el control de grandes masas de personas y, por supuesto, unos protocolos específicos. Todo ello es esencial para que los guardias civiles se encuentren bien equipados, tanto físicamente como normativamente, para abordar estas situaciones complejas y respetar siempre, los derechos fundamentales de las personas involucradas”, agrega el secretario general de JUCIL.
