El sindicato remarca que los agentes de la Policía Judicial encargados de la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión de médico y político ceutí han dependido directamente de los jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal con funciones de averiguación y descubrimiento del delito: «actúan sólo y exclusivamente bajo la dirección de la autoridad judicial y con una escrupulosa neutralidad política,independencia e imparcialidad y sometidos al imperio de la Ley»
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Ante las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión del exconsejero de Sanidad y presidente de Ceuta Avanza, Javier Guerrero, por parte de componentes de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha salido al paso para pedir que no se cuestione la profesionalidad de los agentes.
Según apunta el sindicato, los agentes destinados en la Policía Judicial dependen directamente de los jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal con funciones de averiguación y descubrimiento del delito, tal como establece el Artículo 126 de la Constitución Española, es decir, «sirven de apoyo a los mismos y se aseguran de que los delincuentes pasen a disposición judicial«.
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También han recordado que la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece que en el cumplimiento de sus funciones los funcionarios adscritos a estas unidades dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación, es decir, «tienen el carácter de comisionados y reciben las órdenes e instrucciones que sean necesarias por parte de los mismos, así como controlar la ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados».
«Desde AUGC defendemos la profesionalidad y la magnífica labor que desarrollan los grupos de investigación del Cuerpo de la Guardia Civil, que actúan sólo y exclusivamente bajo la dirección de la autoridad judicial y con una escrupulosa neutralidad política, independencia e imparcialidad y sometidos al imperio de la Ley».
