El líder de “Se Acabó La Fiesta” (SALF) es señalado por incitar a desórdenes públicos y acciones violentas a través de su canal de Telegram durante las manifestaciones contra la amnistía en noviembre de 2023.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación de Luis ‘Alvise’ Pérez, líder del movimiento “Se Acabó La Fiesta” (SALF), por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas contra la amnistía que tuvieron lugar en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid.
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En un informe presentado por el Ministerio Público, se señala que Pérez habría utilizado su canal de Telegram, con más de 313.000 seguidores, para publicar mensajes entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023 que, según la Fiscalía, “incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos”. Entre las acusaciones, se destaca que los mensajes promovían “acciones calificables como atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, así como la elaboración y uso de sustancias que podrían causar un gran perjuicio a la salud de las personas”.
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El papel del canal de Telegram de Alvise
La Fiscalía subraya que el canal de Telegram de Alvise Pérez es “abierto al público” y cuenta con “una elevada capacidad de difusión”, lo que habría permitido que sus mensajes llegaran a una gran cantidad de personas. Según fuentes jurídicas, los contenidos compartidos en dicho canal incluyeron llamamientos a realizar acciones que alteraron el orden público durante las movilizaciones en Ferraz.
Contexto de las protestas
Las manifestaciones contra la amnistía surgieron como respuesta a las negociaciones entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes para aprobar una ley de amnistía en el marco de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez. Las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con varios agentes y civiles heridos.
Próximos pasos judiciales
Con esta solicitud de imputación, el Tribunal Supremo deberá decidir si inicia una investigación formal contra Luis ‘Alvise’ Pérez. De confirmarse, el líder de SALF podría enfrentar cargos por su presunta responsabilidad en incitar desórdenes públicos y actos violentos durante las protestas.
Ni Pérez ni su equipo han emitido hasta ahora declaraciones sobre la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, su canal de Telegram continúa activo, y en publicaciones recientes ha reiterado su rechazo a la amnistía y ha acusado al Gobierno de “persecución política”.
Este caso marca un nuevo capítulo en el análisis del papel de las redes sociales en la organización y promoción de protestas, así como en la responsabilidad de sus administradores frente a las consecuencias de los mensajes que difunden.
