La reciente reunión de varias organizaciones sindicales con representación en el Cuerpo de Policía Nacional y Guardia Civil, en sede del partido popular, según ha trascendido en medios de comunicación, concretamente en la calle Génova de Madrid, al margen de su contenido y resoluciones que han trascendido a la opinión pública, nos permiten manifestar, se debe analizar más allá de su tratamiento puntual sobre la ley mordaza, que al parecer ahora se trata de obstaculizar. Producto de ello, al parecer “se acuerda en esa propia sede política, movilizaciones” lo que no impide pensemos, sé sienta un precedente que en nada beneficia a la neutralidad política que por imperativo legal se exige a los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se pone en duda ante la opinión pública las garantías constitucionales que deben ofrecer los servidores públicos, a las decisiones de los gobiernos de turno, refrendado con el voto de los ciudadanos.
La incapacidad o falta de voluntad política desde el Ministerio del Interior, trabajando desde la óptica del inmovilismo corporativo, consideramos que no es la adecuada para una sociedad plural. Los trabajadores del Cuerpo de Policía Nacional necesitan otras herramientas sindicales en evitación de comportamientos corporativos, proclives a este tipo de “compromisos políticos” en reuniones lejos de su propio Ministerio, sin luz y taquígrafo.
La neutralidad política exigida a los miembros del CPN y a sus organizaciones corporativas, no ha sido obstáculo para pactar movilizaciones concertadas con grupos políticos en la oposición al gobierno hasta ahora, algo que debería crear debate interno por decencia democrática en algo más de setenta y nueve mil trabajadores que componen la Policía Nacional. Hasta ahora no reaccionan, por no tener espacio y presencia a otras sensibilidades, facilitados por la Dirección General de la Policía, actual, negando sedes sindicales y tablones informativos en dependencias policiales. Ni oportunidades en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila.
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La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal del Cuerpo de Policía, aprobada por el Partido Popular, sirve aun, al equipo del Gobierno PSOE-UP, para alejar a los funcionarios y sindicatos sobre la posibilidad de obtener un marco de representación sindical distinto al actual, indudablemente un serio retroceso democrático en el siglo XXI.
Los sindicatos reunidos en sede del PP, se sirven y tienen concertados acuerdos y manifestaciones públicas con CSIF, CC.OO y UGT, incluso, asistencia a reuniones en sede de la Secretaría de Estado de la Función Pública, de la mano de alguna organización mencionada, lo que permite aseverar, todos andan cómodos con esta permisibilidad por parte del gobierno, oposición y sindicatos aludidos.
El Ministerio del Interior y su Dirección General de la Policía, no han mostrado hasta ahora intención de facilitar un cambio normativo sobre LIBERTAD SINDICAL que permita a otros sectores profesionales reformistas, tratar de obtener otros derechos fundamentales como el resto de funcionarios de la Administración General del Estado; derechos reconocidos a otras policías autonómicas, en evitación de un “quiebro sindical” en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reuniones de la mano de tendencias políticas interesadas, que no comparten tratar éstos asuntos de incalculable valor socio-laboral.
Solicitamos al Gobierno en Coalición PSOE-UP y, a su Ministerio del Interior, convoquen a todas las organizaciones legalmente constituidas, sin exclusión por razón de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal del Cuerpo de Policía, vetados hasta ahora, sufren un “trato discriminatorio” en Policía Nacional, impidiéndoles expresar su trabajo e ideario sindical.
