Este 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social.
Para la ONU, poner el foco en este tema es clave en la seguridad y la paz de las naciones. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido promoviendo más bien el término contrario: la injusticia social.
Conseguir lo que se denomina “justicia social” es todo un reto; el Estado tiene la obligación de encontrar el equilibrio, en términos de igualdad y equidad, entre la población a favor de los más desfavorecidos, interesándose en paliar las deficiencias económicas y
estructurales que atosigan a la ciudadanía.
La Oxfam, dando por sentado que no se están haciendo bien las cosas, publicó un informe en 2023 revelando que el 1% de los más ricos ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde el año 2020.
Esto se explica debido al asalto al poder en muchos países de partidos que promueven políticas neoliberales, beneficiando solo a los más poderosos con constantes rebajas fiscales y abriendo de manera abrumadora la brecha entre ricos y pobres.
Estas decisiones se entienden como recompensas fruto de la inestimable ayuda brindada en forma de financiación por parte de estos nuevos aristócratas a los políticos.
Solo hay que mirar las políticas de austeridad que se implementarán en los próximos años en los países europeos, haciendo recortes en sanidad y educación, en vez de atacar la raíz del problema que son la desigualdad económica y los privilegios fiscales de quienes acumulan gran parte de la riqueza del país.
El concepto de clases ha ido desapareciendo, como consecuencia de estas medidas abogadas al consumo incesante sin una correcta regulación de los mercados, en detrimento de los rasgos identitarios, formando una sociedad confusa fácil de manipular.
Aquí un caso desconcertante que explica de manera clara la situación actual: una persona rica muy famosa que tributa en los Estados Unidos y que solo paga un 3% en impuestos, a pesar de manejar cifras astronómicas y poseer cientos de bienes, en comparación con el 40% que aporta del total de sus ingresos una humilde vendedora de harina en Uganda.
Lo que determina que el sistema trata muy bien a los ricos, siendo los responsables de la inflación sin parangón que viven numerosos países.
Casi dos mil millones de personas en el mundo atraviesan esta injusta historia, costándoles horrores incluso alimentar a sus familias y ahora viéndose perjudicadas por el cambio climático, en concreto las que se encuentran en países subdesarrollados ya que no poseen los medios suficientes para afrontarlo.
El Estado es cómplice del sufrimiento de sus ciudadanos y solo medidas como acabar con la brecha salarial, regular el mercado promoviendo valores éticos y de igualdad con un reparto justo y equitativo de la riqueza, proporcionar herramientas en materia de educación poniendo especial atención en que todos gocen de las mismas oportunidades y brindar apoyo incondicional mediante sus instituciones harán posible que podamos hablar de justicia social en un determinado país.
El MDyC, por su parte, reconoce que estamos ante un problema global que afecta al motor de la economía, los trabajadores, y se esfuerza al máximo para revertir la situación y dibujar un futuro justo para nuestra ciudad, e insiste en que toda la clase política debe mostrarse preocupada y poner soluciones sobre la mesa, interesarse verdaderamente por el pueblo, ayudar en la creación del Estado de bienestar real, no del falso y tramposo Estado liberal de bienestar.
La construcción de vivienda para las rentas más bajas e infraestructura que facilite el día a día de las personas, las ayudas a la educación y el apoyo a los pequeños comercios son parte de las medidas que ha conseguido poner en marcha y que demuestran su compromiso en la búsqueda de la justicia social.
