La violencia de género en España ha tomado una forma alarmante, particularmente en lo que respecta a los menores. El caso desgarrador del asesinato de Ruth y José, de solo seis y dos años respectivamente, a manos de su padre en Córdoba en 2011, ha dejado una profunda huella en la conciencia social y ha destacado la necesidad urgente de abordar esta problemática desde una perspectiva más integral y efectiva.
José Bretón, el autor del crimen, pasó casi dos años esperando juicio y durante ese tiempo insistió en mantener contacto con su exmujer. Este comportamiento fue interpretado por Miguel Lorente, un médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, como parte de un patrón de control y manipulación que busca causar daño a la madre mediante el sufrimiento de sus hijos.
La violencia de género no es solo un problema que afecta a las mujeres; también es una forma de violencia que se extiende a los hijos, quienes son instrumentalizados por los agresores. Desde 2013, se han registrado en España casos específicos de violencia ejercida sobre menores en contextos de violencia de género, con 65 niños asesinados y más de 480 que han quedado huérfanos debido al asesinato de sus madres.
De los 65 menores asesinados, 38 fueron víctimas de violencia vicaria, un acto deliberado donde los agresores buscan dañar a la madre a través de sus hijos. La consideración y nomenclatura de esta violencia es importante, ya que ayuda a visibilizar una realidad sombría que anteriormente estaba diluida en estadísticas más amplias. Según datos del Ministerio de Igualdad, más de la mitad de los menores asesinados en este contexto tenían menos de siete años.
La violencia de género se manifiesta en diversas formas y afecta a los menores de múltiples maneras. En el 86% de los casos de menores asesinados, el autor del crimen era el padre biológico o adoptivo. Muchos de estos casos existieron en un contexto donde ya había denuncias previas, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de la protección brindada a las víctimas y sus hijos.
La separación entre las parejas también se ha identificado como un momento crítico de riesgo, no solo para la madre, sino también para los hijos. La dinámica de control y manipulación por parte de los agresores se intensifica en estos momentos, creando escenarios peligrosos para los niños. De hecho, más de 1,7 millones de menores viven en hogares donde el padre maltrata a la madre, según una macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2019.
A pesar de la evidencia alarmante, la protección de los menores sigue siendo insuficiente. En 2024, había 1.758 menores con medidas de protección activas, aunque los procedimientos suelen centrarse en la madre y no realizan una valoración de riesgo adecuada para los niños. Esta situación deja a los menores desprotegidos y vulnerables, convirtiéndolos en las víctimas silenciosas de la violencia de género.
El sistema de protección actual a menudo se equivoca al suponer que si la madre está protegida, los hijos también lo están. La falta de atención a las necesidades específicas de los menores y la sobrecarga del sistema judicial genera demoras en la evaluación de sus situaciones. A menudo, las valoraciones psicosociales pueden tardar hasta año y medio, lo cual es inaceptable en situaciones de riesgo tan severas.
En conclusión, es crucial replantear las políticas de protección existente para asegurar que ningún niño quede desprotegido en situaciones de violencia de género. Debe haber una valoración individual adecuada de cada menor y un enfoque más integral que reconozca su necesidad de protección y apoyo emocional para mitigar los efectos a largo plazo que sufren por vivir en ambientes de violencia.
