El MDyC se hace eco de la resolución del Juzgado de lo Social por la que se condena al Gobierno autonómico a restituir en sus puestos de forma inmediata a dos trabajadoras del área de Sanidad, con la obligación del abono de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido, al declarar que sus extinciones son constitutivas de un despido nulo.
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Una nulidad que, según informan desde MDyC «se fundamenta en que el Gobierno de la Ciudad atentaba contra el derecho constitucional de indemnidad de las trabajadoras, porque eran consecuencia de una represalia frente a las acciones judiciales que las trabajadores habían ejercitado con anterioridad en materia de cesión ilegal de trabajadores». Mediante dicha resolución judicial se impone una indemnización de 25.000 euros a cada una de ellas por daños morales.
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Tras la denuncia presentada, prosigue MDyC “el Ayuntamiento reaccionó dejando de renovar un convenio que llevaba vigente quince años con Cruz Roja, demostrando lo poco que les importan los usuarios de Asuntos Sociales a esta Corte de los Milagros». MDyC concluye que «el Juzgado de lo Social falló contra el Ayuntamiento reconociéndolo como el empresario real, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía». Sin embargo según MDyC «lejos de cumplir la sentencia de forma voluntaria, el Ayuntamiento volvió a ser denunciado por no llevar a cabo la readmisión; volviendo a despedir a las trabajadoras quienes han conseguido del Social, su derecho a su puesto de trabajo y el reconocimiento a la persecución sufrida».
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Una persecución que contrasta según expone el partido presidido por Fátima Hamed «con la actuación del desgobierno del Señor Vivas en otros casos de condena por cesión ilegal de trabajadores, donde han sido admitidos y continúan en sus puestos sin ninguna respuesta ante los tribunales».
