El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso significativo en su 41 Congreso Federal al consensuar un texto sobre financiación autonómica. Este documento establece que el nuevo modelo se aprobará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sin perjuicio de la relación bilateral con cada comunidad autónoma.
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El texto, aunque no menciona explícitamente el acuerdo singular para Cataluña, reconoce el derecho a una relación bilateral del Estado con cada comunidad en función de lo recogido en sus respectivos estatutos de autonomía. Esto refleja un enfoque hacia un modelo de financiación más federal, que satisface tanto a los socialistas catalanes como a los castellano-manchegos.
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La ponencia marco del PSOE subraya la importancia de garantizar la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos, independientemente del territorio. En este sentido, se apuesta por un modelo menos centralista y más solidario, que ayude a los territorios menos desarrollados y con orografía compleja, generando riqueza de forma descentralizada.
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El documento también aboga por la federalización del Estado como una solución para una convivencia estable, mejorando el Estado Autonómico y garantizando la solidaridad e igualdad de los ciudadanos. La multilateralidad es clave, ya que nadie tiene derecho a imponer su modelo, un mensaje que ha sido discutido con varias delegaciones regionales antes del cónclave de Sevilla.
Además, el PSOE ha acordado incluir en la Constitución la revalorización de las pensiones, el matrimonio homosexual, la interrupción voluntaria del embarazo y la paridad de género en las instituciones. Estas medidas buscan blindar estos derechos frente a agendas regresivas.
En términos de justicia social, se ha propuesto avanzar hacia una jornada laboral de 36 horas semanales para 2030, junto con una ley de usos del tiempo que promueva la flexibilidad horaria y el teletrabajo.
Finalmente, el PSOE se compromete a combatir la corrupción con contundencia y a impulsar la reparación a las víctimas de abusos sexuales, reafirmando su tradición republicana mientras mantiene su compromiso constitucional con la monarquía parlamentaria.
