El reciente fallo del Tribunal de Apelación de Londres ha confirmado la decisión previa del Tribunal Superior, que desestimó el recurso del Gobierno español para anular el registro del laudo arbitral Antin en Inglaterra. Este laudo obliga a España a pagar 120 millones de euros a inversores afectados por la reducción de ayudas a las energías renovables en 2013.
Te interesa
El juez Peter Fraser ya había determinado que España no podía alegar inmunidad soberana en este caso, permitiendo que los inversores, Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar, registraran el laudo en territorio inglés para asegurar su ejecución.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Este caso se enmarca dentro de una serie de disputas surgidas tras la reforma del sistema de primas a la energía renovable en España, que ha resultado en múltiples arbitrajes internacionales. Hasta la fecha, España enfrenta 51 arbitrajes similares, con reclamaciones que ascienden a unos 10.000 millones de euros.
Lee tambien: La Guardia Civil detiene en Alicante a uno de los fugitivos más buscados por Reino Unido
El fallo también aborda la relación entre las decisiones del CIADI y las obligaciones de los Estados bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). A pesar de la salida de España y la UE del TCE, el tribunal londinense ha reafirmado que los compromisos adquiridos inicialmente siguen vigentes.
Richard Clarke, abogado de los demandantes, destacó que la sentencia establece un precedente importante al indicar que los Estados no pueden invocar la inmunidad estatal para evitar el cumplimiento de laudos arbitrales del CIADI en Inglaterra.
Además, el fallo permite que el laudo sea tratado como si hubiera sido emitido por instituciones del Reino Unido, facilitando su ejecución. Esto acerca a los inversores a recuperar la inversión realizada en las plantas Andasol 1 y 2 en Granada.
En un intento por asegurar el cumplimiento del laudo, los demandantes han obtenido órdenes provisionales de embargo sobre propiedades españolas en Londres, incluyendo terrenos del Instituto Español Vicente Cañada Blanch. También han buscado embargar parte de los fondos que España podría recibir en otro litigio internacional.
Este caso resalta la complejidad de las relaciones internacionales en materia de arbitraje y la importancia de los tratados internacionales en la protección de inversiones extranjeras.
