El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado que «no es razonable» que en un momento en el que todas las autonomías reclaman «ingresos extraordinarios» para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19, «en Ceuta se hayan dejado de atender los recursos ordinarios»
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El asunto de las subvenciones nominativas referentes a los gastos generados por la desalinización del agua y el apoyo que la Ciudad presta en el puesto fronterizo del Tarajal, que ascienden a un montante de 7,2 millones de euros, está enquistado desde que se anunció que no se habían prorrogado para el ejercicio de 2019. La Ciudad ha reclamado estas cantidades por activa y por pasiva y desde el Palacio Autonómico aseguran que no han obtenido una respuesta convincente que justifique que Ceuta no reciba las citadas ayudas estatales.
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«No lo entendemos. Todas las Comunidades Autónomas están hablando de que hay que hacer llegar a la CCAA recursos extraordinarios para atender a las necesidades derivadas del covid. Bueno, lo que no es razonable es que se hayan dejado de atender los recursos ordinarios, que es lo que en Ceuta ha ocurrido» ha declarado en rueda de prensa, Juan Vivas, presidente de la Ciudad.
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Vivas se ampara en la Constitución
Además, el presidente ha añadido que «la Constitución establece el mandato de solidaridad para el comportamiento de los poderes públicos y solidaridad significa atender las necesidades allí donde son más acusadas y hay que prestarle una especial atención al hecho extrapeninsular o al hecho insular. Nosotros aquí tenemos otro hecho diferencial tan potente como ese: somos la única frontera terrestre de Europa en África con todo lo que ello significa. Por tanto, creo que la Constitución mandata a los poderes públicos, y en particular al Gobierno de la Nación, a tener una respuesta adecuada con las necesidades estructurales de Ceuta».
Por todo ello, y aunque esta cuestión ya estaba, como decíamos al inicio, bastante enquistada antes de la emergencia sanitaria mundial, Vivas confía en que «por el bien de Ceuta y por el bien de España», el Gobierno de la Nación «rectifique».
