En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, estamos viendo en nuestro país como se desprotege a los menores de manera descarada y obscena, en aras de rentabilidad política o de simple arbitrariedad, como son los casos de Juana Rivas y sus hijos, o los menores tutelados por la administración de las Islas Baleares presuntamente prostituidos, o los menas -hasta 53- expulsados, presuntamente de forma ilegal a Marruecos, o un menor catalán (y sus padres) coaccionado y amenazado de hecho y en redes por exigir el cumplimiento de una sentencia y su derecho a recibir clases en castellano, ante la vergonzante pasividad y justificación de tales conductas de las autoridades catalanas y centrales; y así una excesiva lista aunque solo tuviera un único enunciado. Debido a eso han oído mucho hablar del “interés superior del menor”, concepto que es al mismo tiempo un principio, un derecho y una norma procedimental. Es un principio conforme al cual cualquier norma aplicable a un menor debe ser siempre interpretada con la finalidad de prestarle protección y beneficiarle. Es un derecho por cuanto su interés debe prevalecer siempre por encima de cualquier otro cuando haya conflicto entre varios, incluso, y sobre todo, si ese conflicto es con el interés de los padres. Es una norma procedimental porque siempre, al tomar una decisión en el seno de cualquier procedimiento, la forma de proceder debe estar preordenada a evaluar las consecuencias de cualquier decisión que le afecte de forma previa a ser adoptada.
A poco que entiendan de derecho es fácil comprender que en los casos que he citado el respeto al interés superior del menor ha brillado por su ausencia. En el caso de los hijos de Juana Rivas el Juez encargado del asunto ha dictado un auto demoledor denegando la suspensión de la pena que le fue rebajada a la mitad por el indulto parcial que el Gobierno le otorgó. Ello se fundamenta en que uno de los hijos, conforme a informes del colegio, del pediatra y del forense, fue abusado sexualmente estando bajo la custodia de hecho de la madre, condenada, como recordarán, por secuestro. Consta en el procedimiento que “reinterrogado el niño refiere que alguien le ha hecho daño en el ano”… ¿Creen que responde al interés superior de esos menores mantener la patria potestad de una madre que no ha sabido protegerlos de un abuso sexual?¿responde a ese interés suspendérle la ejecución de la mitad de la pena que le queda tras el indulto parcial y así poder ejercer los derechos de visita que le correspondan?. Creo que no, incluso pensando que la madre ha sido manipulada de forma profundamente ignorante y maliciosa por puro redito ideológico y político, siendo esto, desgraciadamente el interés que prevalece en estos casos.
El mismo interés político y completamente ajeno al interés legal del menor ha prevalecido en los otros asuntos que he citado. En el de los Menas cuyos procesos de repatriación fueron detenidos judicialmente por su manifiesta ilegalidad hemos sabido recientemente que la Fiscalía de Ceuta ha citado como imputada por un delito de prevaricación a la Delegada del Gobierno de la ciudad, y además ha abierto diligencias de investigación en relación a la supuesta expulsión de hecho a Marruecos de uno de esos niños que tenía su repatriación paralizada por orden del Juez. En el caso de los menores de Baleares se escapaban y ejercían la prostitución estando bajo la tutela de organismos públicos. Consta que una de ellas con 13 años fue violada por tres personas a la vez. El PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos han evitado con sus votos en varias ocasiones que se creara una comisión de investigación al respecto en Baleares. El Parlamento Europeo ha enviado una comisión a las islas para investigar estas situaciones, pese al voto en contra en Bruselas de PSOE, Unidas Podemos y Los Verdes. En el caso del menor catalán y sus padres que piden se cumpla la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en español, han sido amenazados con un escrache a la puerta del colegio y apedreos de su vivienda con la aquiescencia y él aliento de las autoridades. Una atrocidad que finalmente se ha efectuado en zona distinta al colegio.
¿Saben ustedes quién es la encargada de velar porque se cumpla ese interés del menor y defender al niño en cualquier situación en la que haya un conflicto de interés parental o falta de progenitores? Si, esa que están pensando: La Fiscalía. Y ¿de quién depende La Fiscalía eh, de quién?, como decía Sánchez en una entrevista; depende del Gobierno que nombra al Fiscal General del Estado del que dependen jerárquicamente (sus decisiones no son autónomas) todos los fiscales de España. Pues eso.
