Si el Ejecutivo pidió a una directora general que se apartara, debe aplicar el mismo criterio con su propio asesor
El debate abierto en torno al listado de admitidos de Servilimpce ha puesto el foco sobre varios nombres. Uno de ellos, sin embargo, ha pasado casi inadvertido en la discusión pública: Javier Sánchez París Contreras, asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Ceuta.
No es un dato menor. Sánchez París Contreras es ahijado del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Su padre fue jefe de gabinete del propio Vivas durante años. Su familia ha mantenido una presencia continuada en la estructura política e institucional de Ceuta a lo largo de varias legislaturas. Son hechos conocidos por cualquier ciudadano que siga con atención la vida pública de esta ciudad.
A ello se suma una percepción ampliamente extendida entre numerosos ceutíes: la de que la familia Sánchez París ha mantenido durante cerca de dos décadas una posición especialmente cercana a los distintos gobiernos presididos por Juan Vivas. Se recuerda con frecuencia la incorporación de miembros de la familia a la administración pública poco después de su llegada a Ceuta, así como la participación de empresas vinculadas a su entorno en contratos adjudicados por la Ciudad Autónoma a lo largo de los años. Más allá de la legalidad de cada procedimiento, que corresponde acreditar a los órganos competentes, resulta innegable que esta situación ha alimentado un debate público sobre la influencia que determinadas familias ejercen en la vida política e institucional de la ciudad.
Nadie discute su derecho a concurrir a un proceso selectivo. La ley se lo ampara como a cualquier otro ciudadano. Pero el debate no es jurídico: es de ejemplaridad y de apariencia institucional. Y en ese terreno, la posición de Sánchez París Contreras es difícilmente sostenible.
El Gobierno de Vivas ha presumido en más de una ocasión de su compromiso con la transparencia y la buena gestión pública. De hecho, cuando las circunstancias lo requirieron, no dudó en pedir a una directora general que diera un paso atrás en aras precisamente de esa ejemplaridad. Fue presentado como una muestra de coherencia institucional. Bien. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué no se aplica el mismo criterio ahora, cuando el implicado es el asesor de su propio gabinete y ahijado del presidente?
En una ciudad tan pequeña como Ceuta, donde las redes familiares, empresariales y políticas son sobradamente conocidas, la ciudadanía tiene derecho a esperar que las instituciones actúen con el mismo nivel de exigencia para todos, con independencia de la cercanía al poder. Que determinados apellidos aparezcan ligados a la administración, a los contratos públicos o a los círculos de influencia política durante años es una realidad que genera dudas y erosiona la confianza pública, aunque todas las actuaciones hayan sido formalmente legales.
El Gobierno de Ceuta tiene ahora la oportunidad de demostrar que la ejemplaridad que exigió en su momento no fue un gesto de conveniencia política, sino un principio genuino. Para ello, debería pedir a Javier Sánchez París Contreras que se aparte del proceso, exactamente igual que lo hizo con la directora general. No hacerlo enviaría un mensaje inequívoco a los ciudadanos: que en esta ciudad hay una vara de medir para los de fuera y otra muy distinta para quienes forman parte del círculo de confianza del presidente.
Los ceutíes merecen algo más que retórica sobre transparencia. Merecen verla aplicada, sin excepciones y sin apellidos.
