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La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha llegado al Palacio de Justicia acompañada de su abogado en torno a las 9:45 horas, de la mañana de este lunes. Declara tras ser citada por la Fiscalía de Ceuta como investigada por la devolución de 55 menores marroquíes que llegaron a la ciudad durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Además, están llamados a declarar al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, con competencias en el Área de Menores
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Se la acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa, según informaba Europapress el pasado 1 de diciembre, ya que «la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluía que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores», a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar «con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño»».
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junto a ella, y en calidad de testigos, también están llamados a declarar al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, con competencias en el Área de Menores.
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‘L’Escola A.C, Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas’ fue quien tramitó la denuncia a la Fiscalía de Menores de Granada el pasado mes de agosto. Tras la declaración de los tres citados, la Fiscalía será la encargada de decidir si se abre un procedimiento penal a Salvadora Mateos o si se archiva la denuncia.
La Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, remitía un correo electrónico el pasado 10 de agosto al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, instando a la devolución «en ese mismo día» de los menores marroquíes que habían entrado durante la crisis migratoria y diplomática del pasado mes de mayo. Sin embargo, tal y como se podía leer en el auto de la Audiencia Nacional, el Ministerio alegó no dar una orden sino «un ruego».
Un ruego que además, no se llevó a cabo hasta el viernes 13, cuando comenzaron las repatriaciones en grupos de 15 menores desde la ciudad autónoma hasta el reino alauita.
