El titular del área, Ángel Gabilondo, en una carta dirigida a Rachida Jraifi, informa de que ya se encuentran en trámite distintas actuaciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla «al objeto de que puedan prorrogar su autorización de trabajo, así como facilitar dicha prórroga sin exigir documentación marroquí imposible de obtener»
En la concentración de este lunes del colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas, la portavoz de los afectados y afectadas, Rachida Jraifi, celebraba que por primera vez, desde el Gobierno Central hayan tenido una respuesta «sensata, honesta y humanitaria» de manos de Ángel Gabilondo Pujol, el Defensor del Pueblo, después de haber escrito decenas de emails y cartas a autoridades locales, nacionales e internacionales «sin respuesta alguna».
En una carta dirigida a Rachida Jraifi, el Defensor del Pueblo pone en conocimiento a los afectados de que la problemática que viven desde hace ya casi dos años está en conocimiento de la Dirección General de Migraciones. Asimismo, Gabilondo añade que ya se encuentran en trámite distintas actuaciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en relación con la concesión de cédula de inscripción a trabajadores transfronterizos que permanecen en territorio nacional y tienen caducado su pasaporte, al objeto de que puedan «prorrogar su autorización de trabajo, así como facilitar dicha prórroga sin exigir documentación marroquí imposible de obtener».
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Del mismo modo, se ha solicitado información sobre las situaciones que se adopten «para evitar la recaída en la irregularidad administrativa y laboral de los trabajadores que permanezcan en las ciudades autónomas ejerciendo su actividad laboral; así como para la regularización de la situación administrativa de quellos otros que se encuentran en Marruecos, una vez se produzca la reapertura de la frontera«.
«Por primera vez se hablan de nuestros derechos reales y de qué pasos se podrían dar casi de forma inmediata», apunta Jraifi, que afea que les hayan dado «con las puertas en las narices». «Cuando llevas dos años sin poder ver a tu familia, sin dormir en tu cama, sin tener tus pertenencias, y casi sin futuro, leer el comunicado del Defensor del Pueblo nos da esperanza y ganas de seguir luchando», señala la trabajadora transfronteriza, que recuerda la situación en la que se encuentran.
