El Ministerio del Interior ha anunciado que ha puesto en marcha el proceso para anular la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de munición para la Guardia Civil. Esta decisión se produce en medio de crecientes tensiones políticas y sociales debido al conflicto armado en Gaza.
El Ministerio, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado que también excluirá a otras empresas israelíes de futuros contratos mientras dure el conflicto en Gaza. Esta medida se ha tomado después de que socios del Gobierno, como Izquierda Unida, solicitaran explicaciones sobre el contrato, inicialmente reportado por la Cadena Ser.
Según la información proporcionada, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había adjudicado a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A. un contrato valorado en más de 6,5 millones de euros para la compra de más de 15 millones de balas del calibre 9mm Parabelum. La licitación se realizó el 21 de febrero de 2024, y la adjudicación tuvo lugar el 21 de octubre de 2024.
En respuesta a esta situación, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido la dimisión del responsable de la cúpula de Interior o del propio ministro. Maíllo argumenta que la compra de balas a una empresa israelí contradice la decisión del Gobierno de no adquirir armamento israelí desde los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.
Por su parte, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha calificado la compra de balas a una firma israelí de ‘infame’. Fernández ha subrayado que esta acción hace cómplice al Gobierno del genocidio al pueblo palestino y ha exigido una ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas si el presidente Sánchez desea contar con el apoyo de Podemos.
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El Ministerio del Interior ha reafirmado su compromiso de no vender armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en Gaza. Además, ha señalado que los productos de territorios ocupados por Israel importados a España deberán indicarlo claramente en su etiquetado.
Esta serie de decisiones y declaraciones reflejan un cambio significativo en la política de adquisiciones de armamento de España, en un intento por alinearse con las demandas de sus socios políticos y responder a la situación humanitaria en Gaza.
