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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha recibido este lunes un fuerte revés judicial. Un juzgado del municipio ha ordenado al consistorio proporcionar “de manera inmediata” una alternativa de alojamiento a cuatro personas sin hogar que, desde abril, viven en la calle tras el cierre del único albergue de emergencias de la ciudad, Can Bofí Vell.
El albergue, que acogía a 45 personas en situación de vulnerabilidad, fue clausurado por decisión del Ayuntamiento liderado por García Albiol, dejando a sus usuarios sin recursos y obligándolos a buscar refugio en las calles. Entre ellos, se encuentran las cuatro personas que, según la resolución judicial, han sido abandonadas en “una situación completa de desamparo”, lo que constituye, según el juez, una grave “falta de amparo por parte del Ayuntamiento”.
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Un fallo que pone en evidencia la gestión municipal
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El juez acusa al gobierno municipal de “inactividad en el cumplimiento de sus obligaciones”, subrayando que no se tomaron medidas para garantizar un alojamiento alternativo para las personas que dependían del albergue. Esta omisión, añade, ha dejado a los afectados en una situación de extrema vulnerabilidad, violando su derecho a la asistencia social y básica que debería garantizar el consistorio.
El cierre de Can Bofí Vell: una decisión polémica
El albergue Can Bofí Vell, clausurado el pasado mes de abril, era el único recurso de emergencia disponible en Badalona para personas sin hogar. La decisión de cerrarlo ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones sociales, vecinos y partidos de la oposición, que acusan a García Albiol de desatender a los colectivos más vulnerables de la ciudad.
Usuarios dejando el albergue de Badalona de Can Bofí Vell, el 29 de abril.
El lema de campaña de García Albiol, “Limpiando Badalona”, que utilizó hace una década, vuelve a estar en el foco de las críticas, ya que muchos consideran que su política actual prioriza la imagen de la ciudad sobre las necesidades sociales de sus habitantes.
Consecuencias sociales y políticas
La orden judicial pone de manifiesto la precariedad en la gestión de servicios sociales en Badalona bajo el actual gobierno municipal. Además, este fallo podría suponer un punto de inflexión en la forma en que se abordan las políticas de emergencia social en la ciudad.
Por ahora, el Ayuntamiento está obligado a actuar con celeridad para garantizar el alojamiento de las cuatro personas afectadas. Sin embargo, aún queda por ver cómo se resolverá la situación de los otros usuarios del albergue y si el consistorio tomará medidas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
La polémica decisión de cerrar el albergue y la falta de alternativas por parte del Ayuntamiento refuerzan las demandas de los colectivos sociales que exigen una mayor implicación y sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de Badalona.
