La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre posibles actos de corrupción relacionados con los centros de menores extranjeros no acompañados (MENAs) en las Islas Canarias, donde se habrían desviado millones de euros destinados a la atención de estos jóvenes vulnerables. Los fondos, que provenían en parte de la Unión Europea, fueron presuntamente entregados a los responsables de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, una de las organizaciones encargadas de gestionar varios de estos centros en las islas.
La investigación, que abarca un período de tres años durante el mandato del presidente canario Ángel Víctor Torres, se centra en prácticas corruptas dentro de la fundación. Según el auto judicial, los implicados habrían utilizado diferentes mecanismos para enriquecerse personalmente y para el disfrute privado de parte de los fondos públicos destinados al mantenimiento de los centros de MENAs que administraban. A pesar de los esfuerzos de los fiscales por auditar las cuentas bancarias y los justificantes de gastos, no se ha encontrado ninguna justificación válida sobre el manejo del dinero, lo que ha provocado la ampliación de la investigación.
Cuatro directivos de la fundación, así como la propia entidad, han sido imputados como responsables. El juez encargado del caso ha señalado un escenario «altamente irregular, opaco y descontrolado» en la gestión de los fondos públicos, que según la instrucción judicial, fueron mal utilizados para obtener un ilícito beneficio económico personal.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que operó entre 2020 y 2022, recibió una financiación pública de 15,2 millones de euros. Sin embargo, un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha puesto en alerta que, aunque la financiación de estos centros se destinaba a través de la Comunidad Autónoma, parte de los gastos fueron imputados incorrectamente a créditos provenientes del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU.
Este caso pone en evidencia posibles fallos en los controles de la gestión de fondos europeos y plantea serias preguntas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos para el cuidado de menores extranjeros no acompañados en Canarias, un tema que sigue siendo crucial en la agenda política y social de la región.
