La justicia ha condenado al Ayuntamiento de Valls (Tarragona) a indemnizar con casi 350.000 euros a un agente de la Policía Local que participó en la intervención contra los terroristas del 17 de agosto de 2017 en Cambrils, cuando se encontraba fuera de servicio. El agente sufre desde entonces un trastorno de estrés postraumático y, según la sentencia, el consistorio lo dejó “en una situación de total desamparo” durante ocho años.
El policía actuó de forma voluntaria y decisiva al intentar detener a uno de los yihadistas que protagonizaron el atentado de Cambrils, ocurrido pocas horas después del ataque en Las Ramblas de Barcelona. A raíz de aquella intervención, el agente desarrolló graves secuelas psicológicas que le impidieron reincorporarse plenamente a su puesto.
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El tribunal ha considerado probado que el Ayuntamiento no le proporcionó el apoyo médico, psicológico ni administrativo que requería su situación, y que omitió sus obligaciones laborales y de protección hacia un trabajador que había intervenido en un acto de servicio extraordinario.
En consecuencia, la justicia ha ordenado el pago de una indemnización de 348.000 euros en concepto de daños morales, perjuicios económicos y gastos derivados de su tratamiento.
El fallo pone fin a un largo proceso judicial en el que el agente denunció la falta de respuesta institucional pese a haber actuado “con profesionalidad y valentía” durante los atentados. La sentencia subraya la necesidad de garantizar un acompañamiento adecuado a los miembros de los cuerpos de seguridad que resulten afectados por actuaciones de alto riesgo, incluso cuando se encuentren fuera de servicio.
