La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha tranquilizado a los pequeños propietarios respecto al impacto del índice estatal de precios del alquiler, que actualmente solo se aplica en Cataluña. Además, ha instado a las comunidades autónomas a adoptar esta regulación como respuesta a la creciente tensión del mercado de la vivienda. La ministra también ha reiterado que la medida busca aliviar la carga social de los alquileres, especialmente en zonas con precios elevados.
En una reciente entrevista en ‘La Vanguardia’, Isabel Rodríguez mostró su respaldo al índice estatal de precios del alquiler, subrayando que su implementación no perjudicará a los pequeños propietarios. Este índice, diseñado para controlar el incremento de los precios en las zonas más tensionadas, se encuentra actualmente en vigor solo en Cataluña, aunque la ministra ha hecho un llamado a que otras comunidades autónomas adopten la misma medida.
Rodríguez defendió el índice como una herramienta crucial para combatir los dramas sociales derivados de los altos precios de los alquileres, especialmente en áreas urbanas donde los precios se disparan. «Creo que este índice va a ser útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios», destacó la ministra. Además, subrayó que esta política permitirá a las familias ahorrar entre 1.500 y 800 euros al mes, aliviando así la presión económica sobre los inquilinos.
La ministra instó a las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, a asumir su responsabilidad en la regulación de los alquileres. “No puede ser que, por razones políticas, se deje de atender la gran herida social que implica destinar más del 40% del salario a la renta del alquiler”, afirmó, criticando a aquellos gobiernos autonómicos que se oponen al control de precios por motivos políticos.
En particular, Rodríguez se refirió a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y apuntó que la presidenta madrileña no podrá resistir la presión social de no aplicar la ley de Vivienda. Según la ministra, si Ayuso actúa en favor de la ley, los madrileños ahorrarían entre 500 y 1.000 euros en el alquiler mensual, pero su negativa a implementarla solo se debe, en su opinión, a su deseo de «dañar al Gobierno de España».
En cuanto a la futura ley del suelo, Rodríguez reveló que se están tomando medidas para agilizar los planeamientos urbanísticos, evitando que se paralicen por errores menores. Además, el Ministerio de Vivienda está considerando cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para tratar los alquileres turísticos como un negocio, con el objetivo de que las ciudades sigan siendo habitables y no se conviertan en parques temáticos.
Finalmente, la ministra mostró su rechazo absoluto ante la decisión de José Luis Ábalos de mantener su escaño en el Congreso, a pesar de la controversia política que le rodea. Rodríguez dejó claro que, aunque no existe imputación formal, la responsabilidad política debe asumirse, además de la penal.
