La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la trama vinculada al negocio de hidrocarburos investigada por la Audiencia Nacional destinó cerca de un millón de euros en sobornos y pagos encubiertos a cargos públicos, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, para influir en decisiones administrativas clave.
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El informe —remitido al Juzgado de Instrucción número 5— detalla cómo la red, presuntamente liderada por el empresario Claudio Rivas y con la mediación del conseguidor Víctor de Aldama, buscaba asegurar la concesión de una licencia como operador mayorista de carburantes para la empresa Villafuel, pese a que esta no cumplía los requisitos exigidos por la normativa.
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Los investigadores sostienen que la organización utilizó varios mecanismos para “comprar voluntades”, incluyendo transferencias económicas y comunicaciones que apuntarían a la entrega de dinero a personas con capacidad de influir en ministerios como Transportes —dirigido por Ábalos en el periodo analizado—, Transición Ecológica e Industria.
Según la UCO, una vez obtenida la licencia, Villafuel habría utilizado la posición conseguida para articular un fraude fiscal que podría superar los 180 millones de euros, elevando la gravedad del entramado.
La causa continúa en fase de instrucción y se enmarca en un conjunto más amplio de investigaciones que analizan la posible utilización de contactos políticos y pagos irregulares para manipular procedimientos administrativos relacionados con sectores estratégicos.
