El Tribunal Supremo revisa este jueves la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, acusados de presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas durante la pandemia. El ingreso en Soto del Real se fundamentó en un “riesgo extremo” de fuga, según el instructor.
Los magistrados de la Sala de Apelación —Juan Ramón Bergudo, Antonio del Moral y Pablo Llarena— analizarán los recursos presentados por Ábalos y García para abandonar la cárcel, donde se encuentran desde el 27 de noviembre. Inicialmente compartieron celda, aunque ya no lo hacen, según fuentes jurídicas.
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Ni Ábalos ni García deberán asistir personalmente a la vista de apelación, y estarán representados por sus abogados. En el caso de Ábalos, su anterior letrado, el exfiscal Carlos Bautista, participará por última vez tras renunciar a la defensa, mientras que su nuevo abogado, Marino Turiel, también estará presente.
El juez instructor decidió la prisión provisional al considerar que concurren circunstancias que aumentan el riesgo de fuga: la proximidad del juicio, las elevadas penas solicitadas —hasta 30 años— y los indicios de delitos graves como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.
Puente también destacó que ambos acusados podrían disponer de importantes recursos económicos y contactos internacionales, heredados de su etapa en el Ministerio de Transportes y de actividades posteriores, que facilitarían una posible huida. Entre los factores señalados, se incluyen inmuebles de Ábalos en Latinoamérica, vínculos familiares y profesionales en la región, y los ingresos periódicos percibidos.
Las defensas, por su parte, critican la decisión como basada en “elucubraciones” y denuncian un posible uso político de la justicia. Ábalos cuestiona la magnitud del dinero supuestamente oculto y califica de insuficiente la prueba aportada, mientras que García argumenta que su incremento patrimonial es menor y corresponde a ahorro familiar.
La Sala de Apelación deberá decidir sobre estos recursos antes de que el caso llegue a juicio, inicialmente previsto para febrero o marzo, aunque podría retrasarse por el cambio de defensa de Ábalos.
