El Tribunal Supremo revisa este jueves la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, acusados de presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas durante la pandemia. El ingreso en Soto del Real se fundamentó en un “riesgo extremo” de fuga, según el instructor.
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Los magistrados de la Sala de Apelación —Juan Ramón Bergudo, Antonio del Moral y Pablo Llarena— analizarán los recursos presentados por Ábalos y García para abandonar la cárcel, donde se encuentran desde el 27 de noviembre. Inicialmente compartieron celda, aunque ya no lo hacen, según fuentes jurídicas.
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Ni Ábalos ni García deberán asistir personalmente a la vista de apelación, y estarán representados por sus abogados. En el caso de Ábalos, su anterior letrado, el exfiscal Carlos Bautista, participará por última vez tras renunciar a la defensa, mientras que su nuevo abogado, Marino Turiel, también estará presente.
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El juez instructor decidió la prisión provisional al considerar que concurren circunstancias que aumentan el riesgo de fuga: la proximidad del juicio, las elevadas penas solicitadas —hasta 30 años— y los indicios de delitos graves como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.
Puente también destacó que ambos acusados podrían disponer de importantes recursos económicos y contactos internacionales, heredados de su etapa en el Ministerio de Transportes y de actividades posteriores, que facilitarían una posible huida. Entre los factores señalados, se incluyen inmuebles de Ábalos en Latinoamérica, vínculos familiares y profesionales en la región, y los ingresos periódicos percibidos.
Las defensas, por su parte, critican la decisión como basada en “elucubraciones” y denuncian un posible uso político de la justicia. Ábalos cuestiona la magnitud del dinero supuestamente oculto y califica de insuficiente la prueba aportada, mientras que García argumenta que su incremento patrimonial es menor y corresponde a ahorro familiar.
La Sala de Apelación deberá decidir sobre estos recursos antes de que el caso llegue a juicio, inicialmente previsto para febrero o marzo, aunque podría retrasarse por el cambio de defensa de Ábalos.
