Uber Eats ha anunciado este jueves que dejará de operar con repartidores autónomos en España, convirtiéndose en la última gran plataforma de reparto de comida en adoptar un modelo completamente asalariado. Hasta ahora, la compañía mantenía un esquema híbrido: parte de sus repartidores trabajaban mediante subcontratas y otra parte como autónomos, a diferencia de Glovo y Just Eat, que ya operaban únicamente con empleados.
La decisión llega en un contexto de presión de las autoridades y posibles sanciones penales contra los directivos de la empresa. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que Uber Eats podía evitar una acción legal similar a la que actualmente enfrenta Glovo si cambiaba su modelo antes de que finalizara la investigación de Inspección.
En un comunicado, un portavoz de Uber Eats aseguró que “la compañía reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley rider y, tras años de experiencia trabajando con empresas de logística, hemos decidido poner fin a la colaboración con repartidores autónomos, fomentando un modelo sostenible a largo plazo”.
Te interesa
Los repartidores que actualmente operan como autónomos podrán continuar trabajando bajo la modalidad de empleados a través de subcontratas. La empresa no precisó una fecha exacta para la transición, pero señaló que se implementará “lo antes posible”.
Este giro refleja casi cinco años después de la aprobación de la ley rider, un cambio que ha llevado a los tres grandes actores del sector a operar con empleados asalariados: Just Eat desde el principio, Glovo desde julio de 2025 y ahora Uber Eats.
Fuentes del sector indican que Uber Eats ya había reducido significativamente el número de repartidores autónomos en los últimos meses, preparando el terreno para esta transformación. La medida también tiene como objetivo poner fin a litigios pendientes y asegurar un proceso “justo para todos” en coordinación con sindicatos y autoridades.
El Ministerio de Trabajo advirtió que, de no haberse producido el cambio, podría haberse iniciado un proceso penal contra los directivos de la compañía basado en el artículo 311 del Código Penal, que establece penas de seis meses a seis años de prisión por imponer condiciones laborales que restrinjan derechos reconocidos legalmente.
Con esta decisión, Uber Eats cierra el círculo de un sector que, hasta hace poco, se encontraba en constante debate sobre los derechos de los trabajadores y la regulación del trabajo autónomo.
