El cantante solicita un acto de conciliación, paso previo a una querella criminal, tras las acusaciones de la vicepresidenta sobre supuestos abusos sexuales y «esclavitud» basadas en una publicación periodística.
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El conflicto entre Julio Iglesias y el Gobierno de España ha saltado a la arena judicial. El artista ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras las declaraciones realizadas por esta en enero de 2026, en las que le acusaba de ejercer «abusos en situación de esclavitud». La defensa del cantante, liderada por el abogado penalista José Antonio Choclán, considera que estas afirmaciones constituyen delitos de injurias y calumnias.
El escrito de conciliación, presentado como paso obligatorio antes de interponer una querella, exige que la vicepresidenta se retracte públicamente y reconozca el carácter difamatorio de sus palabras, además de solicitar una indemnización por los daños causados a la reputación del intérprete.
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El origen del conflicto: un mensaje en redes y una entrevista
La batalla legal se fundamenta en dos intervenciones de Yolanda Díaz producidas tras una investigación publicada por elDiario.es sobre supuestos testimonios de ex trabajadoras de las mansiones del cantante:
- 13 de enero de 2026: Díaz publicó en la red social Bluesky un mensaje calificando de «escalofriantes» los testimonios y atribuyendo al cantante una «estructura de poder basada en la agresión permanente».
- 14 de enero de 2026: En una entrevista en La Hora de la 1 (RTVE), la vicepresidenta afirmó que el caso concentraba «todas las vulneraciones de los derechos humanos» y propuso al Ministerio de Cultura la retirada de la Medalla de Oro a las Bellas Artes a Julio Iglesias.
Argumentos de la defensa: «Juicio paralelo» y falta de pruebas
El equipo jurídico de Julio Iglesias sostiene que Yolanda Díaz ha incumplido sus deberes institucionales al no respetar la presunción de inocencia, otorgando la condición de «víctimas» a las denunciantes y de «abusador» al cantante sin que existan, por el momento, diligencias judiciales abiertas ni sentencias que lo avalen.
«La vicepresidenta utiliza un caso no acreditado ni judicializado para extenderlo a una situación de ‘maltrato sistémico’, incumpliendo su obligación de respetar el derecho al honor del ciudadano», reza el escrito de la defensa.
Además, los abogados afean que Díaz politizara el asunto al cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no condenar los hechos de forma tajante desde el primer momento.
Posibles consecuencias
Si Yolanda Díaz no accede a la rectificación en el acto de conciliación, la defensa de Julio Iglesias tiene vía libre para formalizar la querella por calumnias e injurias con publicidad. El caso pone el foco en los límites de la libertad de expresión de los altos cargos del Estado cuando se refieren a procesos que aún no han sido juzgados.
