Durante el debate sobre el decreto de ayudas a los afectados por los siniestros ferroviarios de Adamuz y Gelida, el Partido Popular ha lanzado una dura crítica contra la gestión del Ejecutivo. El diputado Bartolomé Madrid ha afirmado que, a pesar de las medidas económicas anunciadas, “las víctimas de los accidentes ferroviarios no están siendo la prioridad del Gobierno ni la transparencia su principal objetivo”.
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Pese a los reproches, el Grupo Popular ha confirmado que votará a favor del Real Decreto Ley, reconociendo que, en esta ocasión, el Gobierno ha utilizado este instrumento constitucional de forma «correcta» y sin incluir elementos ajenos a la urgencia de la norma.
«Manual de resistencia» frente a la justicia
Bartolomé Madrid ha utilizado una referencia literaria al propio presidente del Gobierno para estructurar su crítica. Citando el libro Manual de resistencia, el diputado ha señalado que el Ejecutivo ha mostrado una «resistencia» constante en tres frentes fundamentales para las familias de los fallecidos y heridos:
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- Resistencia a la transparencia: El PP denuncia una falta de voluntad para reconocer errores técnicos o políticos.
- Resistencia a dar la cara: Critican la ausencia de explicaciones directas y públicas por parte de los responsables de la red ferroviaria.
- Resistencia a la justicia: El diputado ha tachado de “infame” que Adif presuntamente retirase material de la vía tras los accidentes, lo que a su juicio supone un obstáculo para la labor de los peritos y los tribunales.
Apoyo crítico al decreto
Aunque el Partido Popular considera que la ayuda llega tarde y bajo un clima de opacidad, su voto afirmativo garantiza la validación de las indemnizaciones. Sin embargo, Bartolomé Madrid ha insistido en que el pago único de 216.000 euros para los herederos no compensa la «falta de colaboración» del Gobierno con la justicia en el esclarecimiento de las causas de los siniestros.
Para la formación opositora, la prioridad de cualquier administración ante una tragedia ferroviaria debería ser la reparación moral y la asunción de responsabilidades, algo que, sostienen, ha quedado en un segundo plano frente al «blindaje» institucional de Adif y el Ministerio de Transportes.
Punto de fricción: La acusación sobre la retirada de material de la vía por parte de Adif se perfila como uno de los elementos más polémicos de la causa judicial abierta, afectando directamente a la confianza de las asociaciones de víctimas.
