Con diez víctimas mortales en lo que va de año, el Ministerio de Igualdad y expertos jurídicos urgen a «perfeccionar» los algoritmos de VioGén y mejorar la especialización judicial tras detectarse que la mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado.
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La alarma social ante la violencia de género se intensifica en España. En apenas dos meses, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a diez. La estadística arroja un dato especialmente preocupante: el 50% de estas víctimas había dado el paso de denunciar previamente a su agresor, lo que ha puesto bajo el foco la eficacia de los mecanismos de protección actuales.
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Ante esta situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció la pasada semana que el sistema no es «infalible» y confirmó que su departamento trabaja junto al Ministerio del Interior para «perfeccionar» la valoración del riesgo. Asimismo, se prevé la convocatoria inminente de un Comité de Crisis para analizar pormenorizadamente los fallos detectados en los últimos casos.
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Las «costuras» del sistema VioGén
Voces expertas como la de la magistrada Victoria Rosell señalan que la dependencia de algoritmos informáticos en el sistema VioGén puede estar nublando el juicio humano y la perspectiva de género. Rosell advierte que el diseño de estos cuestionarios no es siempre transparente y que se deben analizar las «costuras» del sistema para entender por qué fallan la adopción de medidas o la credibilidad otorgada a las mujeres.
Entre las propuestas de mejora, la magistrada destaca la necesidad de considerar un aumento automático del riesgo cuando, existiendo una orden de alejamiento, se pacta un régimen de visitas con menores, un momento de especial vulnerabilidad que el sistema actual no siempre pondera con la gravedad suficiente.
El obstáculo de la violencia psicológica y la falta de medios
La abogada especialista Gema Cornejo, miembro del comité asesor del ICAM, denuncia que el sistema judicial tiende a «infravalorar» la violencia psicológica. La naturaleza de los juicios rápidos, donde se prioriza la condena por el delito más reciente y fácil de probar, deja a menudo de lado años de maltrato habitual que son más complejos de acreditar en una primera comparecencia.
«En un juicio rápido es materialmente imposible realizar una valoración psicológica completa», lamenta Cornejo. A esto se suma la denuncia de que en algunas comisarías no se permite a las víctimas aportar todas sus pruebas desde el inicio, remitiéndolas a un juzgado que, posteriormente, las rechaza por no constar en la denuncia original.
Hacia una mayor contundencia contra el quebrantamiento
Otro de los pilares de la reforma que baraja Igualdad es la ampliación del ratio de distancia en las órdenes de alejamiento. Sin embargo, los juristas coinciden en que la clave reside en acabar con la «sensación de impunidad» de los agresores.
Muchos investigados utilizan el quebrantamiento de la orden como una herramienta de hostigamiento continuado. Según Cornejo, solo cuando los agresores perciban consecuencias penales inmediatas y severas por saltarse estas restricciones, cesarán estas prácticas que, en demasiadas ocasiones, son el preludio de un desenlace fatal. Pese a las críticas, la abogada concluye con un mensaje de aliento: el sistema, aunque perfectible, salva vidas, y la denuncia sigue siendo la única puerta de salida segura.
Radiografía de la valoración de riesgo actual
- Factores del agresor: Posesión de armas, celos patológicos, control de redes sociales y control económico.
- Vulnerabilidad de la víctima: Hijos menores a cargo, discapacidad, adicciones o ausencia de red de apoyo social.
- Fallas detectadas: Excesiva dependencia de algoritmos, falta de formación especializada obligatoria en la judicatura y saturación de los juzgados de guardia.
