Un informe de la Presidencia del Gobierno alerta de las consecuencias drásticas que tendría reducir un 30% el flujo migratorio en los próximos 50 años.
Un escenario de retroceso demográfico y económico
¿Qué pasaría si España cerrara sus puertas a la inmigración de forma drástica? El borrador del informe ‘España ante el reto migratorio’, divulgado este miércoles por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, ofrece una respuesta demoledora. Si los flujos actuales se redujeran apenas un 30%, el país perdería 15 millones de habitantes y 9 millones de trabajadores en el próximo medio siglo.
Esta caída demográfica no sería solo un número: se traduciría en una contracción del 22% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que equivale a cuatro veces los ingresos anuales de todo el sector turístico español.
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Servicios públicos en riesgo y el fin de los pueblos
El impacto en el día a día de los ciudadanos sería sistémico. El estudio, en el que han colaborado instituciones como el CSIC y la OCDE, estima que la falta de población migrante provocaría el cierre de 32.000 aulas de primaria y la pérdida de 63.000 médicos especialistas, disparando las listas de espera.
En el ámbito rural, la situación sería terminal para muchas zonas. Se calcula que unos 2.300 pueblos se borrarían del mapa, agravando la herida de la «España vaciada» en provincias como Soria, Teruel o Huesca, que perderían casi un tercio de su población actual.
Sectores clave: hostelería, agricultura y cuidados
La economía real sufriría un golpe estructural por la falta de mano de obra en sectores donde la población extranjera es pilar fundamental:
- Hostelería: Podrían cerrar hasta 90.000 bares y restaurantes (casi la mitad de los existentes).
- Agricultura: 220.000 explotaciones dejarían de producir por falta de relevo.
- Dependencia: Mientras el número de mayores dependientes crecerá un 60%, el personal de cuidados caería un 28%, dejando a «millones de personas solas».
La sostenibilidad del Estado del bienestar
El informe concluye que la migración es el motor que mantiene el equilibrio de las cuentas públicas. Sin ella, para sostener el nivel actual de las pensiones, cada trabajador español debería aportar unos 2.000 euros adicionales al año en cotizaciones para 2075. Además, para compensar la menor recaudación, el Estado se vería obligado a subir el IVA un 6% o el Impuesto de Sociedades un 14%.
En definitiva, el documento sitúa la migración no solo como un fenómeno demográfico, sino como la pieza maestra que garantiza el crecimiento económico y la supervivencia de los servicios públicos en las próximas décadas.
«La migración constituye un elemento central para el futuro de España, con efectos que van desde la sostenibilidad de las pensiones hasta el equilibrio de todo el territorio.»
