El exministro se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel en una vista oral con 100 testigos que analizará las mordidas y contratos irregulares de la trama de las mascarillas
Este martes 7 de abril de 2026, el Tribunal Supremo abre sus puertas para acoger uno de los procedimientos judiciales con mayor carga política y mediática de los últimos tiempos. La Sala Segunda juzga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su antiguo asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama. El proceso, que se extenderá hasta el 30 de abril, busca dirimir las responsabilidades penales sobre una red que presuntamente se lucró mediante el amaño de contratos sanitarios en lo peor de la pandemia de Covid-19.
Tanto Ábalos como García llegan a la vista desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen preventivamente ante el riesgo de fuga dadas las elevadas penas solicitadas: la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años para el exministro, mientras que las acusaciones populares elevan la petición a los 30 años.
Lee tambien: Arranca el juicio por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después con una grabación policial como prueba clave
Los tres ejes del juicio
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha acotado los hechos que se juzgarán en estas 13 jornadas, dejando fuera otras ramificaciones que se investigan de forma paralela en la Audiencia Nacional. Los puntos clave son:
1. El «concierto» con Soluciones de Gestión: Se investiga cómo Víctor de Aldama utilizó información privilegiada para que entidades dependientes de Transportes (Puertos del Estado y Adif) adjudicaran contratos por valor de más de 36 millones de euros a su empresa, sirviendo estos de «aval» para lograr otros 16 millones en Canarias, Baleares e Interior.
2. Las mordidas mensuales: La investigación apunta a que Aldama entregaba 10.000 euros en metálico al mes a Koldo García, dinero que supuestamente se repartía con Ábalos.
3. Contrapartidas personales: El juicio abordará el pago de alquileres de viviendas de lujo en Madrid para el exministro y personas de su entorno, así como el presunto «enchufe» de dos mujeres vinculadas a Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Te interesa
Testigos de alto nivel y ausencias notables
A lo largo de las sesiones están llamadas a declarar 100 personas, aunque algunas de las testificales más esperadas no serán presenciales. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, declararán por escrito debido a sus cargos, evitando así la imagen en la Sala Segunda.
Por el contrario, sí deberán acudir figuras como el ex número dos de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y otros cargos técnicos que gestionaron las compras de emergencia. Un aspecto jurídico complejo será la declaración de testigos que están, a su vez, imputados en la Audiencia Nacional (como Isabel Pardo de Vera), quienes podrán acogerse a su derecho a no responder para no autoincriminarse.
Lo que queda fuera del Supremo
Es importante destacar que este juicio no entrará en la «trama Cerdán» ni en los supuestos pagos en metálico al PSOE que se instruyen en la Audiencia Nacional. El Supremo se centrará exclusivamente en la vertiente del Ministerio de Transportes y los beneficios directos obtenidos por el núcleo cercano a Ábalos.
Finalizado el mes de abril, el tribunal deberá dictaminar si existió ese «concierto de voluntades» para lucrarse con material sanitario por valor de 50 millones de euros y si las gestiones de Ábalos para rescatar a Air Europa o favorecer a operadoras de hidrocarburos como Villafuel constituyeron delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
