Comienzan las 13 sesiones de una vista oral que sentará en el banquillo al exministro de Transportes, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
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El Tribunal Supremo inicia este martes, 7 de abril, la fase decisiva del denominado «caso mascarillas». Durante un calendario judicial que se extenderá hasta el próximo día 30, el alto tribunal examinará a 80 testigos y miles de documentos para esclarecer la presunta trama de comisiones ilegales derivada de contratos adjudicados durante la pandemia de 2020, cuyo valor total asciende a 54 millones de euros.
En el banquillo de los acusados comparecen el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Sobre ellos pesan acusaciones por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía solicita penas de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, quienes permanecen en prisión provisional por riesgo de fuga tras el estallido del caso hace más de dos años.
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Jesica Rodríguez: el testimonio más esperado
La primera jornada de testificales arranca con la comparecencia de Jesica Rodríguez, expareja del exministro y figura central en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Rodríguez, que ha acudido al Supremo con un notable cambio de imagen —del rubio al moreno—, es considerada una pieza clave para desentrañar la presunta financiación irregular del entorno personal de Ábalos.
Según el escrito de la Fiscalía, Rodríguez habría acompañado al entonces ministro en más de 15 viajes oficiales entre 2019 y 2020. Asimismo, la investigación apunta a que fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes de Transportes, donde percibió 43.978 euros sin desempeñar, presuntamente, función alguna.
El piso de Plaza de España y los pagos de Aldama
Otro de los puntos sensibles que centrará el interrogatorio será el alquiler del piso en la Plaza de España de Madrid, donde residió la joven. La Fiscalía sostiene que la renta mensual, de 2.700 euros, era abonada por Víctor de Aldama a través de socios, extremo que el propio empresario reconoció ante el juez.
Por el contrario, Koldo García ha ofrecido una versión distinta, alegando que se trataba de un «piso de empresa» destinado únicamente al descanso y que él mismo llegó a asumir pagos incluso recurriendo a fondos de su hija menor. El testimonio de Rodríguez deberá arrojar luz sobre cómo se costearon tanto su vivienda como sus desplazamientos internacionales y su inserción en el sector público.
Un mes judicialmente complejo
La Fiscalía Anticorrupción, además de las penas de prisión, reclama multas de hasta 3,9 millones de euros y el decomiso de más de 430.000 euros en ganancias ilícitas. La tesis del fiscal sostiene que los acusados articularon un “ilícito negocio” desde Adif y Puertos del Estado para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama, a cambio de beneficios personales y económicos.
Este juicio, que coincide en el tiempo con la vista del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, convierte este mes de abril en un periodo de excepcional actividad judicial para desgranar los casos de corrupción que han marcado la agenda política española en los últimos años.
