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Dos inspectores de la Agencia Tributaria confirman ante la Audiencia Nacional que el grueso de la facturación de las empresas del primogénito procedía de sociedades con contratos con la Generalitat.
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El juicio por la fortuna de la familia Pujol ha retomado hoy su actividad en la Audiencia Nacional con un testimonio clave para la tesis de la Fiscalía. Dos inspectores de Hacienda han ratificado que las empresas controladas por Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, facturaron un total de 14 millones de euros entre 2004 y 2012. Lo relevante, según los peritos, es que la mayoría de esos ingresos procedían de empresas que eran, a su vez, contratistas habituales de la administración pública de Cataluña.
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Los expertos de la Agencia Tributaria centraron su análisis en las sociedades Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing, las principales herramientas mercantiles de Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès.
El esquema bajo sospecha
La declaración refuerza la acusación del Ministerio Fiscal, que sostiene que estos pagos no respondían a servicios reales de consultoría o marketing, sino que eran comisiones ilegales encubiertas para facilitar la adjudicación de contratos públicos o favores administrativos.
- Periodo investigado: 2004 – 2012.
- Volumen de negocio: 14.000.000 €.
- Origen de los fondos: Empresas con licitaciones activas en la Generalitat de Cataluña.
La defensa alega falta de «influencia política»
Frente a la tesis de Hacienda, la jornada de este lunes también ha contado con la intervención de peritos de la defensa. El catedrático de Derecho Administrativo, Joan Manuel Trayter, ha comparecido para desvincular la influencia política de la concesión de licencias ambientales, concretamente en relación con los polémicos vertederos de Cruïlles (Girona) y Tivissa (Tarragona).
Trayter ha sostenido que este tipo de trámites son «actos reglados», lo que significa que la administración no tiene margen de decisión subjetiva:
«Los políticos tienen que aceptar los informes preceptivos y determinantes de los técnicos; no hay margen de discrecionalidad».
Con este argumento, la defensa intenta neutralizar la acusación de que Jordi Pujol Ferrusola utilizó su peso político y familiar para amañar las autorizaciones de estos vertederos, en los que había invertido a través de sociedades radicadas en el extranjero.
Un banquillo de 18 acusados
La sesión de hoy se enmarca en un proceso judicial de grandes dimensiones donde no solo se juzga al expresidente Jordi Pujol y sus siete hijos, sino también a su exnuera y a nueve empresarios. La causa principal intenta determinar si la fortuna oculta en Andorra durante décadas tuvo un origen lícito (el supuesto «legado» del abuelo Florenci, como defiende la familia) o si fue el resultado de una red de corrupción institucionalizada.
