El Ministerio de Hacienda oferta viviendas, fincas y solares al mejor postor mediante la Agencia Tributaria, abriendo la puja a particulares y empresas pese al anuncio de Pedro Sánchez de ampliar el parque público a través de Casa 47.
Lee tambien: El Ejecutivo limita por decreto la compra de inmuebles a ‘fondos buitre’ por debajo del 70% de su valor hasta 2028
Madrid. – En pleno debate por la escasez de oferta residencial y la crisis del acceso a la vivienda, el Gobierno de España mantiene en marcha la subasta pública de 170 inmuebles de titularidad estatal distribuidos por todo el territorio nacional. La comercialización se está llevando a cabo a través de la aplicación móvil y la sede electrónica de la Agencia Tributaria, un canal que funciona a modo de portal inmobiliario donde se adjudican bienes al mejor postor.
Te interesa
La venta de estas propiedades —que abarcan desde pisos y locales hasta solares urbanizables y fincas rústicas— contrasta con los recientes compromisos asumidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta misma semana, tras convocar elecciones y reivindicar la vigencia del denominado ‘decreto Maricarmen’, el Ejecutivo prometió la cesión de todos los inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social a la empresa pública de vivienda, Casa 47, para su integración en el parque público de alquiler asequible.
Lee tambien: Casi el 19 % de los diputados del Congreso percibe ingresos por el alquiler de inmuebles
Solares en zonas tensionadas y apertura a empresas
Entre los activos ofertados en la plataforma de Hacienda destacan bolsas de suelo en municipios madrileños como Pozuelo de Alarcón o Meco —donde se subasta una finca rústica de cuatro hectáreas valorada en 2,8 millones de euros—, además de viviendas ubicadas en provincias con alta presión residencial como Barcelona, Madrid, Baleares o Castellón.
Pese al discurso oficial de limitar la especulación y reforzar el parque de titularidad pública, el sistema habilitado por la Agencia Tributaria no solo permite pujar a compradores particulares, sino que habilita el procedimiento para que personas jurídicas y empresas adquieran estos activos públicos mediante certificado de representación, ordenando los lotes por precio o ubicación e incorporando alertas de promoción para los interesados.
