La Audiencia Nacional investiga al exsecretario de Organización socialista por liderar una red financiada con fondos del partido. La UCO documenta decenas de reuniones en Ferraz, pagos mensuales a Leire Díez e intentos de soborno a testigos.
MADRID. — Una nueva y grave tormenta judicial sacude los cimientos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha colocado al exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, en el centro de una presunta trama de corrupción orientada a «desestabilizar y desarticular» las causas judiciales en marcha que afectaban al Gobierno y a la formación.
La investigación, bautizada popularmente como el ‘caso Leire’, ha conllevado la imputación de altos cargos, entre ellos la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, además de la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central de Ferraz para recabar documentación sensible.
El origen: El grupo secreto ‘Hirurok’
De acuerdo con los autos del juez Pedraz, los cimientos de la red se remontan a junio de 2021 con la creación de un grupo en la aplicación de mensajería encriptada Threema. El grupo, denominado ‘Hirurok’ («nosotros tres» en euskera), estaba compuesto por la exmilitante Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Joseba Antxon Alonso. Tras fracasar en varios intentos de situar a Díez en puestos de alta influencia dentro de la administración pública, la red redirigió sus esfuerzos hacia fines presuntamente delictivos.
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El «punto de inflexión» tras la carta de Sánchez
El verdadero motor operativo de la trama se encendió en abril de 2024. Coincidiendo con los «cinco días de reflexión» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras iniciarse las pesquisas contra su esposa, Begoña Gómez, la red vio una oportunidad. «Me voy de urgencia a Madrid… Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», reza uno de los mensajes intervenidos a Leire Díez el 24 de abril de 2024.
Dos días después, el 26 de abril, se celebró el primer encuentro formal en la sede de Ferraz. A la cita acudieron Díez y el empresario Javier Pérez Dolset para reunirse con Santos Cerdán y otros estrategas de comunicación del partido. El juez califica esta reunión como el «punto de inflexión» a partir del cual se diseñaron acciones ilícitas para interferir en los tribunales.
Un goteo de reuniones y financiación oculta
Frente a las versiones iniciales de los implicados, que intentaron justificar los contactos alegando motivos estrictamente periodísticos, la UCO ha desmontado esa coartada de forma contundente. Los investigadores han documentado un total de 39 encuentros de «coordinación y dación de cuentas», de los cuales al menos 22 se llevaron a cabo físicamente en la sede central del PSOE en Ferraz entre abril de 2024 y mayo de 2025.
Para sostener esta «unidad de acción», el magistrado señala que existen «serios indicios incriminatorios» de que la actividad se financió directamente con cargo a los fondos del PSOE. La trama habría retribuido de manera continuada a Leire Díez con asignaciones de unos 4.000 euros mensuales.
Asimismo, la lupa judicial se extiende sobre la gerente de la formación, Ana María Fuentes, bajo la sospecha de cooperar en la logística y autorizar el pago de facturas presuntamente falsas por valor de 125.000 euros destinadas al abogado Jacobo Teijelo.
Intentos de soborno a testigos
La gravedad de la causa se incrementa con las evidencias de prácticas de obstrucción a la justicia. Según se desprende de las intervenciones telefónicas y ambientales, los integrantes de la red habrían intentado comprar el silencio o modificar las versiones de testigos clave. Específicamente, el sumario detalla una oferta de 50.000 euros dirigida a Carmen Pano para que mintiera ante el juez instructor. «Esta se vende», afirmaban con descaro los investigados en los audios intervenidos por la Guardia Civil.
Las ramificaciones del caso continúan expandiéndose a gran velocidad: la UCO ya ha tomado declaración a tres generales de la Guardia Civil para dirimir si existieron filtraciones de secretos hacia la prensa y el magistrado ha exigido al PSOE el registro oficial de entradas para comprobar si comisarios de la policía y ex altos cargos políticos de la oposición llegaron a transitar por Ferraz en el marco de estas maniobras.
