La Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y revoca el sobreseimiento de la investigación por blanqueo de capitales contra Alejandro Betancourt.
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Giro drástico en los tribunales en lo relativo a la fiscalización de las grandes fortunas latinoamericanas en España. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que obliga al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a reabrir de manera inmediata la causa penal dirigida contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, conocido en el tejido empresarial español por ser el principal inversor y dueño de la marca de gafas de sol Hawkers.
La resolución de la instancia superior atiende el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto con firmeza al carpetazo provisional decretado por el instructor el pasado mes de marzo de 2026. El Ministerio Público consideró en su escrito que el archivo de las actuaciones era «precipitado» y que restaban líneas de investigación esenciales por agotar.
El origen del carpetazo revocado
El magistrado Santiago Pedraz había acordado el archivo de las pesquisas por presunto blanqueo de capitales argumentando, fundamentalmente, que la propia justicia venezolana ya había desarrollado investigaciones sobre el origen de los fondos de Betancourt, concluyendo en Caracas que no existía ilícito penal alguno.
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Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rechazaron que las resoluciones judiciales emitidas desde Venezuela tuvieran el estándar de exhaustividad e independencia necesario para condicionar de forma automática el procedimiento penal en España.
Alejandro Betancourt, junto a un grupo de socios y familiares (entre ellos su primo Pedro Trebbau y Francisco Convit), forma parte del círculo de jóvenes empresarios bautizados en las crónicas internacionales como los ‘bolichicos’. Este grupo consolidó un ingente patrimonio económico al calor del chavismo, principalmente mediante la adjudicación directa de contratos energéticos e infraestructuras eléctricas millonarias durante los mandatos de Hugo Chávez.
Conexiones con Estados Unidos y sobornos de 42 millones
El trasfondo de la causa penal que ahora se reabre busca determinar si parte de los fondos obtenidos mediante supuestos sobrecostes y comisiones ilícitas en Venezuela fueron canalizados e introducidos en el circuito económico español a través de inversiones inmobiliarias, de capital riesgo o mediante la financiación de empresas emergentes como Hawkers.
De hecho, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de reactivar la causa coincide con la tramitación de importantes diligencias en el extranjero. A comienzos de este año, el propio juzgado de Pedraz había remitido solicitudes oficiales de cooperación a las autoridades de los Estados Unidos con el fin de tomar declaración a antiguos altos cargos del Ministerio de Energía de Venezuela.
Dichos exfuncionarios se encuentran bajo custodia federal estadounidense y sus testimonios se consideran clave para acreditar una trama de sobornos de más de 42 millones de euros vinculada a las adjudicaciones de Betancourt, cuyo rastro financiero conduce a cuentas opacas internacionales y fondos inyectados en España.
Un complejo mosaico judicial
La reapertura de este expediente añade un nuevo elemento de tensión a las complejas investigaciones internacionales sobre el lavado de activos procedentes de Venezuela en los juzgados madrileños. Estas pesquisas guardan conexiones periféricas con otros asuntos de gran calado mediático y político en la Audiencia Nacional, tales como el ‘Caso Plus Ultra’, en el que se indaga sobre las redes de influencias y desvíos financieros asociados al rescate público de la aerolínea.
Con este pronunciamiento, la Audiencia Nacional enmienda la plana al juez instructor y fija como doctrina que el tribunal español tiene la obligación de agotar de forma soberana el rastreo del dinero bajo sospecha, impidiendo que los pronunciamientos judiciales de Caracas sirvan como un escudo de impunidad automático en suelo europeo.
